"Hace dos o tres meses que no salgo de casa porque tengo un cáncer neuroendocrino, pero han rechazado mi alegación y me obligan a pasar el domingo en una mesa electoral". La Junta Electoral de Zona ha descartado que Jordi, que lucha contra esta enfermedad desde hace cuatro años, deba eximirse de estar en una mesa en las elecciones catalanas del 14 de febrero: "Me dijeron que eran excusas y yo pensé: ojalá lo fueran, pero es la realidad".

Este catalán residente en Manresa encarna uno de tantos casos en los que el comprometido estado de salud de los convocados no ha sido suficiente motivo para que la junta electoral acepte sus recursos. En total, los ayuntamientos han notificado su cita a 82.251 electores, de los que cerca del 30% han presentado alegaciones.

"Tengo las defensas bajo mínimos y una diarrea crónica como efecto secundario que hace que esté abrazado a la taza del lavabo constantemente" agrega Jordi, que pensaba que el informe que le preparó su doctora "era muy exhaustivo y que no lo podrían rechazar". Por ello, se pregunta: "Si mis argumentos no son convincentes, ¿qué es lo que aceptarán?. En la emisora Catalunya Ràdio, ha criticado lo "absurdo" de la situación: "En casa todos vamos con mascarilla, hace tiempo que no puedo abrazar a mis hijos ni querer a mi mujer y de golpe, tengo que jugármela así", insiste.

Ahora, este manresano ha elaborado junto a su doctora y el Ayuntamiento de su ciudad un segundo informe más detallado, aunque las juntas electorales tan solo aceptan un recurso a cada convocado. Todavía espera respuesta y, en el caso de que el organismo electoral no resuelva a su favor, valora desobedecer: "Prefiero que me sancionen antes de encontrarme entre la vida y la muerte, aunque una sanción sea injusta", insiste Jordi, que lamenta: "Si yo cogiera el virus, tengo muchos números de que esto no acabe bien".

Para casos como el de Jordi, la ley no contempla distinciones. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece una pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de seis a 24 meses para las personas convocadas a una mesa electoral que no asistan, dejen de desempeñar sus funciones, la abandonen sin causa legítima o incumplan sus obligaciones. Un delito que aparecerá en los antecedentes penales de quien haya desobedecido, por lo que incluso puede suponer un impedimento a la hora de optar a cargos de la Administración Pública.

También de Manresa es Elisabet, que convive con su madre de 79 años para cuidarla ya que sufre una cardiopatía y hipersensibilidad pulmonar. "¿Qué significa? Que cuando coge un simple resfriado, el nivel de oxígeno le puede bajar al 70% y necesita hospitalización", explica a NIUS la única hija de Paquita: "Eso le convierte en un caramelo para la covid, es de altísimo riesgo".

Cuando recibió la notificación, solicitó el informe médico de su madre y presentó las alegaciones finalmente rechazadas: "La junta electoral me dijo que no demostraba ser su cuidadora a pesar de presentar el libro de familia y mostrar que soy su única hija", lamenta Elisabet, que ha abandonado "toda vida social" desde que estalló la pandemia y cuando va al súper lo hace "acojonada". Por ello, asegura no poder ir a la mesa electoral: "No puedo dejar a mi madre porque no puede dar dos pasos sin quedarse sin oxígeno, si le da un ataque de los suyos, no puede llamar a nadie, y si me contagio, tendremos un problema".

De hecho, Paquita llora "cada día" desde que sabe que su hija está llamada a gestionar las urnas en las que centenares de personas depositarán su voto durante todo el día, contagiados y contactos estrechos incluidos, para los que el Govern recomienda que lo hagan de 19 a 20h. "No me sentiré segura ni aunque ahora organicen test de antígenos porque estos no son obligatorios: ¿y si un compañero de mesa no se lo hace y es positivo sin saberlo?", se pregunta Elisabet, que planea autoconfinarse tras las elecciones y pagar una prueba PCR pasados unos días. Asimismo, concluye: "Esto no es un deber nuestro, es diferente, la junta electoral no ha tenido nada de humanidad... nos ha echado a los leones".

La hija de Paquita es consciente de que no puede recurrir, así lo indica la carta que ha recibido: "Contra esta resolución no existe ulterior recurso". Por todo ello, apoya una de las diferentes campañas surgidas en las redes sociales, como la recogida de firmas dirigida al Ministerio de Sanidad, creada por su tocaya Elisabet y que cuenta con cerca de 2.100 firmas pidiendo el aplazamiento de los comicios. "Son muchos los derechos fundamentales en juego y no es una colisión entre el derecho a voto y el de la integridad física, sino que uno va unido al otro" en palabras de la abogada, que agrega: "Sin unas elecciones seguras y tranquilas, no se puede ir a votar".

La Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC) ha rechazado la petición de los firmantes y ha emplazado a Elisabet a dirigirse al Govern de la Generalitat catalana.