La jueza Mercedes Alaya asegura en una entrevista publicada por ABC que el presidente de la Audiencia Provincial y los vocales mayoritarios del CGPJ querían que fuera ella la que instruyera las macrocausas por su conocimiento después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados.

La magistrada, sin embargo, revela que todo fue "un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA", para que ella no siguiera con la investigación de dichos procedimientos.

"En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más", afirma Alaya en la entrevista del diario.

La jueza considera que la "causa real de la denegación de la comisión de servicios" fue "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas".

En ese sentido Mercedes Alaya relata que al PP no le interesara que se siguieran investigando los cursos de formación, porque "había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas".

"En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE".

Duras críticas a Susana Díaz

"Lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio", explica la jueza.

Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir y protestar en relación al caso de los ERE, afirma Alaya, que añade que la jefa del Ejecutivo podría incurrir "en un delito de malversación si no reclama" el dinero de las ayudas sociolaborales del caso de los ERE.

"Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público".

Sobre las imputaciones de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE, señala que Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, "cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad