Las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales esperan llenar este sábado la Puerta del Sol de Madrid en la "gran manifestación" contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', una iniciativa que contará con el respaldo de los dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos (Cs), como ya hicieron el pasado miércoles en otra concentración frente a las delegaciones del Gobierno.

La de este sábado es una movilización "en unión al resto de sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España", según ha destacado Jusapol, la plataforma convocante que, desde 2018, ha protagonizado numerosas concentraciones para pedir una equiparación salarial "real" frente al Congreso y el Ministerio del Interior. La marcha ha comenzado a las 11:30 horas en la Puerta del Sol y al final se leerá un manifiesto.

La cita congregará en la capital a los máximos dirigentes de PP, Vox y Cs. En el caso del presidente 'popular', Pablo Casado, no estaba claro si podría ir por coincidirle con un acto del partido en León, pero finalmente ha confirmado su asistencia. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y el líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, también confirmaron que apoyarán con su presencia a los policías.

A la marcha policial acude también el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales antes de la manifestación convocada por Jusapol, a la que no acudirá por sus "labores institucionales", por lo que no coincidirá con Casado.

La marcha discurre por el centro de Madrid bajo el lema "No a la Inseguridad Ciudadana", y cuenta con el apoyo de unas 40 organizaciones policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

También lo respalda organizaciones policiales representativas del País Vasco y de Navarra, aunque no así de los Mossos d'Esquadra. Fuentes de la marcha convocada por Jusapol aseguran que el SIPE de la Ertzaintza ha confirmado que secunda la manifestación --en la protesta frente a delegaciones participó, además de este sindicato, ErNE, EUSPEL y SVPE-PLES--. En el caso de Policía Foral quien apoya es APF.

Por parte de los mossos, se suma una asociación sin representación en los órganos internos de la policía catalana, la conocida como 'Policías Autonómicos por la Pasarela', que agrupa a agentes que piden 'pasarse' a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los convocantes incluyen a una docena de organizaciones representativas de los policías locales y bomberos, así como a otros sindicatos como CSIF, que la semana pasada anunció que "miles de policías locales de toda España" acudirían a la marcha del día 27.

Tras las discrepancias iniciales por el calendario de protestas, las organizaciones mayoritarias en la Policía y la Guardia Civil, JUPOL y JUCIL, señalaron que su protesta del sábado, aunque canalizada por Jusapol, se abriría a otros sindicatos. Además, respaldaron la convocatoria del pasado 24 de noviembre frente a delegaciones del Gobierno de otra plataforma, 'No a la España insegura'.

Tanto desde el Gobierno como el PSOE y Unidas Podemos han lanzado mensajes en las últimas horas señalando que la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015 se llevará a cabo porque es un compromiso de los socios del Ejecutivo, respaldado por otros partidos como PNV, ERC o EH Bildu.

Los socios del Gobierno apuntan que la reforma de la 'ley mordaza' lo que busca es dar mayor garantía y seguridad jurídica tanto a los manifestantes como a los policías, como sostiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los sindicatos, sin embargo, afean al Ejecutivo que se haya lanzado una reforma "arbitraria" porque no se ha contado con la opinión de las organizaciones policiales.

El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional. También porque entienden que se "elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad".

La posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas también ha sido criticada, ya que sostienen que esto merma su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos.

Lo mismo ocurre con la "inoperatividad" que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas o la exigencia de devolver al arrestado al punto donde fue requerido, lo que entienden que les convertiría en "taxistas".