Ley Mordaza: ¿en qué consiste la norma que ahora se quiere derogar?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "poner punto y final" a la Ley Mordaza
La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se aprobó en el año 2015 con los únicos votos del PP de Mariano Rajoy
Oposición y asociaciones vieron en esta ley el instrumento para frenar las protestas ciudadanas tras por crisis económica
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometía este pasado domingo ante la nueva dirección del partido y los asistentes al 40º Congreso Federal a "poner punto y final" a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley Mordaza', que se aprobó en el año 2015.
El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado este mismo lunes que su formación ya tiene pactados con el PSOE los términos concretos en los que se debe llevar a cabo la derogación de los aspectos más lesivos de la 'Ley mordaza', y ha emplazado a sus socios a acometer esa modificación "de manera inmediata". Además, Fernández ha recordado que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy aparece en el acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE y Unidas Podemos y que en estos momentos existe una mayoría parlamentaria suficiente para derogarla "de manera inmediata".
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Pero, ¿qué normas engloban la llamada 'Ley Mordaza' y qué delitos incluye?
Los puntos más polémicos de la ley
Lo que popularmente se conoce como 'Ley Mordaza' está formado, en realidad, por tres normas jurídicas: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, que añadió entre otras cuestiones la prisión permanente revisable y la Ley Antiyihadista. Tres normas que se modificaron y aprobaron, no sin polémica, en el año 2015.
Los puntos más polémicos pertenecen a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que venía a sustituir una ley que llevaba vigente desde el año 1992. Tras los primeros y más duros años de la crisis económica, las manifestaciones y protestas ciudadanas se habían multiplicado y gran parte de la población vio en esta reforma de la ley una forma de contener este tipo de actos de protesta: las manifestaciones, las concentraciones o los actos para intentar detener un desahucio, por ejemplo.
Entre los puntos más polémicos de la ley se encuentran los siguientes:
- Llevar a cabo una manifestación no comunicada en edificios o instalaciones en que se presten servicios básicos para la comunidad, cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física de las personas.
- Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, ya sean religiosos, deportivos, culturales u otros donde asistan numerosas personas.
- Manifestarse frente a las sedes Congreso o Senado cuando ello perturbe gravemente la seguridad ciudadana.
- Obstaculizar una vía pública con objetos como contenedores, neumáticos u otros, cuando se cause una alteración grave de la seguridad ciudadana.
- La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita.
- El uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar, o pueda poner en riesgo el éxito de una operación.
- Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
- El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío (DNI o pasaporte).
- El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
La comisión de estos y otras infracciones incluidas en la ley conllevan sanciones que van desde los 100 a los 600.000 euros, dependiendo de si son infracciones leves, graves o muy graves. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 600.000 euros. Las infracciones graves se sancionan con una multa de 601 a 30.000 euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de 100 a 600 euros.
Ya tras su tramitación Amnistía Internacional alertó de que la ley limitaba el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica. Además aseguró que con esta ley se aumentaba el número de infracciones y se daban menos garantías de defensa para la ciudadanía frente a la administración.
