Lo que esconde la manifestación de Canet de Mar en contra del 25% de castellano en los colegios

El tuitero independentista que alentó a apedrear la casa de la familia de Canet de Mar, que pidió el 25% de clases en castellano para su hijo, ha pedido disculpas y ha justificado sus palabras en un nuevo tuit.

Jaume Fàbrega, como indica su nombre de usuario en la red social, publicó el pasado sábado un tuit en el que alentaba y "se sumaba a apedrear la casa del menor".

Ahora, asegura que sus palabras han sido malinterpretadas y que no era una expresión literal. "Apedrear una casa en mi cultura rural era una expresión imaginaria y significaba un escrache sin voluntad física", ha matizado.

A pesar de que el TSJC pidió este viernes al centro educativo y a la Generalitat catalana que velaran por la intimidad del menor y su familia, una web afín a la izquierda independentista les hizo el trabajo sucio a los acosadores de coche oficial y publicó la supuesta identidad del padre y la madre del niño, así como el tipo de negocio que regentan en la localidad.

El hecho de que dar un 25% de clases en castellano haya sido ratificado por los tribunales, dicen los dirigentes independentistas, no parece que baya a ser cumplida. Ni mucho menos. De hecho, ya hay manifestaciones contra esta y también ante uno de los colegios en los que una familia ha querido que la ley se cumpla. Sí, la de la casa del menor que pedían apedrear.

La marcha, organizada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc) y la Intersindical·Csc, ha partido de las inmediaciones del centro escolar de Canet del Mar y se ha dirigido hasta la biblioteca situada en el centro de la población. Allí, los manifestantes han cortado durante breves minutos la N-II, sin provocar afectaciones al tráfico, que ya estaba cortado por la Policía Local.

La alcaldesa de Canet de Mar (Barcelona), Blanca Arbell, ha lamentado que el Ayuntamiento y la escuela Turó del Drac han recibido amenazas telefónicas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha fijado un 25% de castellano en dicho centro por la denuncia de una familia de P5: "Estamos afligidos". En declaraciones a los periodistas desde la manifestación que ha reunido este viernes por la tarde a cerca de 500 personas, la primera edil de la población, de ERC, ha avisado de que en la escuela han puesto una grabadora para captar la voz de las personas que llaman con tono amenazante. Además ha descartado que se hayan registrado amenazas y coacciones contra la familia denunciante: "Son dos tuits y de personas que no son de Canet. Es una manipulación para dar bombo y platillo a una situación que no existe".

La alcaldesa pedido "separar" el caso de Canet, con una sentencia del TSJC que se dirige directamente a la dirección (y a quien ella no puede exigir, ha dicho, que desobedezca), del fallo del Tribunal Supremo (TS) que afectaría a toda la educación catalana frente al cual el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, sí se ha puesto al frente de los centros --en sus palabras--. Por parte de Junts, la diputada Glòria Freixa ha lamentado que "la judicialización política ha acabado siendo judicialización de la escuela" y ha dicho que no le constan amenazas a la familia denunciante. Ha asegurado que "ningún tribunal se puede meter en la forma en que ha decidido convivir un país y en un modelo de escuela catalana de éxito y alabado en todas partes" y ha pedido no dejar solas a las escuelas en la defensa del modelo.

La portavoz de la CUP, Dolors Sabater, ha reflexionado que el modelo de escuela catalana es de cohesión y "no genera conflicto; el conflicto se genera cuando se quiere acabar con el modelo", y le ha pedido al Govern que lo defienda con valentía y asuma responsabilidades poniéndose al frente del centro --en sus palabras--. "Sorprende que hace diez días el conseller decía que desobedecería y que la lengua no se toca, y cuando en Canet hay una imposición de acabar con la inmersión, le diga a la escuela que se apañe sola", ha afeado.

En plena polémica política por la situación de la familia que ha pedido para su hijo más enseñanza en castellano en un colegio de Canet de Mar (Barcelona), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Gobierno se han dirigido a la Generalitat para intentar garantizar la protección del menor. Después de que un juez reconociera a la familia el derecho a un 25 % de enseñanza en castellano, el TSJC ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela para que "preserven la protección de la intimidad" del alumno y de los padres, así como "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo". Además, ha dado diez días a la consellería para que justifique las medidas para cumplir con la obligación de impartir un 25 % de las clases en castellano al grupo de este alumno, mientras la Fiscalía de Barcelona ha decidido investigar si los mensajes vertidos en redes sociales contra esa familia pueden suponer un delito de incitación al odio o de discriminación.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien le ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país. El Gobierno, por boca de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha expresado su rechazo y condena a "cualquier acoso que se haya podido producir", ha afirmado que "las lenguas del estado son un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad" y ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".

A su vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, además de condenar "cualquier tipo de acoso", ha asegurado que no comparte el criterio que utiliza la familia porque no cree que el castellano esté en peligro en ninguna parte de España sino que, "de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas".

La propia situación, pero sobre todo estas declaraciones de Garzón han propiciado un nuevo acaloramiento de la polémica política, en la que el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase una comisión de delitos de odio por una "presunta agresión homófoba que no fue tal" en Madrid y no lo haga cuando "acosan" a un niño y a su familia en Canet de Mar por "querer estudiar español".

En respuesta a la opinión de Garzón sobre el castellano, Almeida ha comentado que "si están amenazando, intimando, coaccionando, violentando a un niño de cinco años porque quiere estudiar en español y la Justicia en Cataluña pide que se le proteja, hombre, pues algo de peligro debe haber".

El PP, además, ha ofrecido de nuevo sus senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Cataluña por este caso, mientras el presidente de Ciutadans (Cs) en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha adelantado que se querellará contra el conseller de Educación si "persiste" en no cumplir la sentencia que estipula un 25 % de castellano en las escuelas.

"Dar autonomía" a los centros educativos es lo que ha defendido la portavoz del grupo PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, para que, "en función del entorno sociolingüístico, decidan" cómo aplicar "de la mejor manera posible" y con "criterios pedagógicos" la sentencia del 25 %.

Entre tanto, las familias de la escuela implicada contrarias a que el centro imparta una cuarta parte de las materias en castellano han hecho público un comunicado en el que han negado "cualquier tipo de acoso" y han asegurado: "No tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante". En el comunicado, los padres reivindican un modelo educativo en catalán, como "prevé el proyecto educativo y lingüístico que elegimos para nuestros hijos -subrayan-" y afirman estar "por encima de toda polémica política".

También han expresado su postura los sindicatos USTEC, Intersindical CSC y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que han pedido, junto a la entidad Plataforma per la Llengua, que la Generalitat asuma responsabilidades en favor del futuro de la lengua catalana en la educación.