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La Comunidad de Madrid decidirá si cierra sus fronteras antes del puente del día de Todos los Santos "con base en criterios sanitarios" y después de que los expertos en salud pública y de la Consejería de Sanidad le propongan a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las medidas a adoptar.
Así lo ha expresado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, quien ha subrayado, no obstante, que las medidas que siguen vigentes para frenar al coronavirusen la región “encajan perfectamente” en el nuevo estado de alarma, porque conjugan la restricción de la movilidad nocturna y el mantenimiento de la actividad económica.
El consejero, que ha presidido la inauguración del curso selectivo de operadores en comunicación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ha dicho que el Gobierno regional sigue apostando, por el momento, por la limitación de movilidad en las zonas básicas de salud “más afectadas por el virus”.
Esta medida, ha continuado, “encaja” en el decreto del Gobierno central, que deja en manos de los presidentes regionales la posible restricción de la movilidad “en toda la comunidad, en algunos municipios o en determinadas zonas de municipios”.
Por otro lado, López ha defendido que el toque de queda en la región comience a la medianoche, en lugar de a las 23:00 horas, porque las ciudades de Madrid “tienen un idiosincrasia específica” que hacen que algunos ciudadanos “tarden mucho tiempo” en llegar a sus domicilios desde que salen del trabajo.
Igualmente, ha opinado que este estado de alarma se ha convertido en algo "necesario" como consecuencia de la "pereza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de reformar la Ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, que hubiese sido un instrumento “mucho más eficaz y mucho más acomodado al orden constitucional” que el estado de alarma.
López ha dicho que el PP ha pedido reiteradamente que se reforme esa norma para que las comunidades autónomas puedan restringir el derecho de la libre circulación o reunión “sin necesidad de tener que acudir a un estado de alarma”, que es un estado “excepcional y que altera el orden ordinario de los poderes públicos”.
Pese a todo, ha advertido de que serán sancionadas las personas que incumplan lo decretado en el estado de alarma, aunque ha asegurado que esta noche pasada no se multó a los ciudadanos, sino que se les informó. "Hay que entender -ha dicho- que la población está asistiendo con un cierto grado de confusión a todos esos cambios que se están produciendo”.
El consejero ha enfatizado "la importancia de la responsabilidad de todos, especialmente de los responsables políticos", y ha criticado actitudes como la de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que hace unos días fue vista en un entorno de bares fuera del horario permitido.