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No pudo ser. Este martes estaba previsto el paso por Consejo de Ministros de la ley de vivienda, uno de los proyectos que más quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno de coalición. Sin embargo, la aprobación tendrá que esperar. Superados los muchos problemas que dividieron a PSOE y Podemos hasta cerrar el acuerdo, que interfirieron incluso en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado, ha surgido in extremis un nuevo contratiempo, esta vez con la Justicia.
Cuando estaba todo listo, el Consejo General del Poder Judicial echó para atrás el informe favorable a la ley firmado por Álvaro Cuesta, uno de sus vocales progresistas. La consecuencia es que habrá que redactar otro. Esta vez lo harán dos magistrados, uno, del bloque conservador, José Antonio Ballestero, y otro propuesto por el PNV, Enrique Lucas.
La bronca entre el Gobierno y el Poder Judicial se ha venido intensificando a cuenta de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces, que ya lleva tres años en funciones y sin visos de renovarse.
Según fuentes del Consejo, es "cristalino" que el informe que redacten será duro con la ley de vivienda. De hecho, ambos intervinieron durante el Pleno e hicieron manifestaciones críticas al texto propuesto por Álvaro Cuesta. Se llegó a hablar de un borrador con fuerte "sesgo ideológico".
La nueva ponencia se estudiará el 27 de enero y según las mismas fuentes es difícil que no se apruebe el mismo día. Se remiten a que en la votación del jueves pasado quince miembros del Pleno rechazaron la ponencia de Cuesta, que respaldaba la norma, frente a seis vocales que la avalaban, así que parece más que difícil que se la balanza se incline ahora en la otra dirección.
El informe no es vinculante pero sí preceptivo. Aunque eso no significa que el Gobierno esté obligado a esperar, una vez ha trascendido que seguirá adelante con la norma. El plazo para el informe ya había vencido, así que el Ejecutivo no tenía por qué demorar su calendario previsto. Sin embargo, ha optado por hacerlo, en aras de la “seguridad jurídica” del texto, según anunció la ministra portavoz confirmando el retraso con cierta dosis de resignación. “Nos hubiera gustado (aprobarlo este martes), pero lo vamos a aplazar”, dijo en La Sexta.
El episodio no solo aplaza la aprobación de una de las leyes más emblemáticas del Gobierno de coalición. Sitúa de nuevo, además, a dos poderes frente a frente. El CGPJ achaca lo ocurrido, entre otras cosas, a la falta de diálogo y las prisas con las que el Gobierno ha acometido los últimos trámites. Agendando la aprobación, por ejemplo, sin casi margen para revisar el informe judicial que debe avalar la ley. Por contra, señalan que el Gobierno, aunque se ha dado mucha prisa al final, ha tardado "más de dos meses" en hacerles llegar el proyecto.
En el Ejecutivo, por su parte, no ha sentado bien que la mayoría conservadora del CGPJ haya tumbado el texto de Cuesta, que avalaba la ley. Y aunque la ministra portavoz ha hablado de “respeto” y de su disposición a estudiar con detalle lo que tengan que decir los jueces en esa segunda opinión pendiente de redactar, no perdió ocasión de recordar la situación de interinidad en que el Consejo ejerce sus funciones. Según recordó, lleva tres años con el mandato de varios vocales caducado, y eso “no contribuye a su reputación”.
Con casi las mismas palabras, el presidente Sánchez, en Moncloa y tras recibir al canciller alemán Olaf Scholz, ratificaba que esperará a ver lo que dice el CGPJ y que lo mirará "con respeto". Pero advirtió que el "compromiso" del Ejecutivo es construir lo que llama "el quinto pilar del Estado del bienestar" y redoblar el compromiso público con la vivienda. "¡Eso es lo que vamos a hacer!", advirtió Sánchez a quienes puedan pensar que las posibles objeciones del consejo judicial pueden hacerle renunciar a su intento por limitar los precios del alquiler, que es uno de los objetivos de la ley en cuestión. Para el presidente, dec hecho, el esperado informe del CGPJ tiene un peso muy relativo, que se encargó de subrayar al citar sus posibles observaciones como meras "cuestiones técnicas".
La crítica de Podemos es mucho más agresiva. Llegan incluso a poner en duda abiertamente la imparcialidad del CGPJ, y deslizan la idea de que tras lo ocurrido con el primer informe está la mano de “las élites del ladrillo”. La coportavoz nacional de la formación morada, Alejandra de Jacinto, acusa al CGPJ de haberse “extralimitado” en sus funciones, y de haber buscado una “coartada” para forzar un retraso de la ley que ellos entienden “injustificable”.
La enmienda que prosperó y provocó la retirada de la ponencia de Álvaro Cuesta criticaba que la ley de vivienda invade las competencias de las Comunidades Autónomas. La presentó el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, que es precisamente uno de los encargados del nuevo documento.
La nueva ley de vivienda, entre otras cosas, faculta a las comunidades autónomas a que actúen para limitar el precio de los alquileres en las llamadas "zonas tensionadas".
Las fuentes consultadas en el Consejo explican que no es que el Gobierno no pueda hacer una ley de vivienda, pero "no una como la que ha hecho". Añaden que aunque el desarrollo legal lo tendrán las administraciones autonómicas, el contenido básico mínimo es "excesivo".
Por su parte, el autor del informe que avalaba la ley la defendía tras el pleno: "El Estado español tiene titulo competencial para legislar sobre la vivienda. Es un derecho constitucional", aseveraba en la misma tarde del viernes, a la par que mostraba su "extrañeza" por la alianza entre conservadores y nacionalistas.
La otra pega que se escuchó, y que estará incluida con seguridad en el nuevo informe es a la forma de entender el derecho a la vivienda, ya que según algunos vocales la "intervención" del Estado contemplada en la norma, "pone en riesgo el derecho de propiedad".
Sobre esas dos ideas pivotará el nuevo informe, aunque el Gobierno sólo necesita tenerlo, no atenderlo.