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El anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI llega este martes al Consejo de Ministros. La nueva norma permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin necesidad de informe médico ni testigos. El asunto que ha enfrentado durante meses a UP y al PSOE, socios de coalición, finalmente comienza su tramitación.
El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llega finalmente en la semana del Orgullo LGTBI . La ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la nueva norma ha subrayado un nuevo paso histórico tras la aprobación hace 16 años de la ley del matrimonio homosexual.nuevo paso histórico tras la aprobación hace 16 años de la ley del matrimonio homosexual.
El anteproyecto de la ley Trans, que se aprobará este martes, incluye la libre autodeterminación de género: una persona podrá cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad, algo que solo está permitido legalmente en Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta o Argentina, entre otros.
La ministra de Igualdad, Irene Montero ha destacado la significación de esta norma en la que "por fin las personas trans dejarán de ser consideradas enfermas en España".
La medida incluye además acceder a la autodeterminación de género eliminando la necesidad de informes médicos o de años de hormonación que se exige actualmente para cambiar el DNI.
Se accede al cambio por un sistema de doble comparecencia: la persona deberá pedir el cambio en el Registro Civil y regresar tres meses después para ratificarlo y que se haga efectivo, sin tutelas ni testigos.
Las personas mayores de 16 años podrán solicitar la autoderminación, mientras que a partir de los 14 tendrán que hacerlo a través de sus progenitores o tutores .
La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley: las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo, para volver a hacerlo tendrán que obtener una autorización judicial.
El anteproyecto, además, prohíbe las terapias de conversión a modificar la orientación, identidad o expresión sexual y las cirugías de modificación genital de bebés intersexuales y establecerá un régimen de infracciones y sanciones -de entre 200 y 150.000 euros) que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.