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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometía este pasado domingo ante la nueva dirección del partido y los asistentes al 40º Congreso Federal a "poner punto y final" a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley Mordaza', que se aprobó en el año 2015.
El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado este mismo lunes que su formación ya tiene pactados con el PSOE los términos concretos en los que se debe llevar a cabo la derogación de los aspectos más lesivos de la 'Ley mordaza', y ha emplazado a sus socios a acometer esa modificación "de manera inmediata". Además, Fernández ha recordado que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy aparece en el acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE y Unidas Podemos y que en estos momentos existe una mayoría parlamentaria suficiente para derogarla "de manera inmediata".
Lo que popularmente se conoce como 'Ley Mordaza' está formado, en realidad, por tres normas jurídicas: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, que añadió entre otras cuestiones la prisión permanente revisable y la Ley Antiyihadista. Tres normas que se modificaron y aprobaron, no sin polémica, en el año 2015.
Los puntos más polémicos pertenecen a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que venía a sustituir una ley que llevaba vigente desde el año 1992. Tras los primeros y más duros años de la crisis económica, las manifestaciones y protestas ciudadanas se habían multiplicado y gran parte de la población vio en esta reforma de la ley una forma de contener este tipo de actos de protesta: las manifestaciones, las concentraciones o los actos para intentar detener un desahucio, por ejemplo.
Entre los puntos más polémicos de la ley se encuentran los siguientes:
La comisión de estos y otras infracciones incluidas en la ley conllevan sanciones que van desde los 100 a los 600.000 euros, dependiendo de si son infracciones leves, graves o muy graves. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 600.000 euros. Las infracciones graves se sancionan con una multa de 601 a 30.000 euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de 100 a 600 euros.
Ya tras su tramitación Amnistía Internacional alertó de que la ley limitaba el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica. Además aseguró que con esta ley se aumentaba el número de infracciones y se daban menos garantías de defensa para la ciudadanía frente a la administración.