La erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma está arrasando con cientos de viviendas, propiedades, campos de cultivo y todo tipo de infraestructuras. Y el desastre natural provocado por el volcán solo acaba de comenzar y puede que el evento se extienda varias semanas, multiplicando los daños materiales. Así, puede que la zona pueda ser declarada 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil', como se denomina ahora la anterior situación de 'zona catastrófica'.

En este sentido, el Gobierno de Canarias ha anunciado que va a reclamar ayuda de los Fondos de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños causados por la erupción del volcán, que habrían superado ya los 400 millones de euros, según ha avanzado este martes su presidente, Ángel Víctor Torres.

En el caso de las regiones ultraperiféricas los daños ocasionados deben suponer un 1% del PIB de la comunidad, es decir 400 millones de euros, y el Gobierno canario da por hecho que se superarán. Esta ayuda permitirá aliviar la situación de la isla de La Palma y, fundamentalmente, se destinará a infraestructuras de carácter público, como carreteras, redes hidráulicas, colegios y alojamientos provisionales, ha indicado Torres.

Así mismo, ha señalado que en la reunión con Ferreira también se han abordado los fondos agrícolas y ha afirmado que desde el Ejecutivo canario "se están arbitrando todos los mecanismos posibles" para acogerse "al mayor número de ayudas", por ser una zona catastrófica.

De acuerdo con la legislación vigente, la denominación anterior de zona catastrófica no existe. En su lugar, desde 2015, se trata de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Está nueva denominación está regulada por el capítulo V de la Ley del Sistema de Protección Civil.

Según el artículo 23, se entiende por catástrofe "una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad". Esto implica padecer daños provocados por una emergencia cuya magnitud haga necesaria la intervención de la Administración General del Estado para recuperar la normalidad.

La solicitud de 'zona catastrófica' puede ser efectuada por cualquier Ejecutivo regional, siempre que se trate de una "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil". Esta petición se puede solicitar en un plazo de 15 días siguientes al suceso y aprovisiona al lugar de la catástrofe de ayudas económicas, así como ayudas para la población del lugar.

Mediante un escrito, la administración pública que pretende hacer uso de esta figura emitirá un escrito en donde se describa la magnitud de los desperfectos ocasionados; y se deberá presentar un presupuesto, aproximado, que muestre la cuantía económica que de manera provisional pueda subsanar a todos los daños ocasionados.

La solicitud de una "declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", como se conoce oficialmente, se aprueba o se deniega en el Consejo de Ministros tras evaluar los daños tanto personales como materiales que se hayan ocasionado en el lugar. De aprobarse esta figura, se creará una Comisión de Coordinación, en la que figurarían representantes de la declarada 'zona catastrófica'.