El Sindicato de Estudiantes, que ha convocado este miércoles y mañana jueves huelga en los institutos catalanes por la sentencia judicial contra los líderes del 'procés', ha defendido el derecho a asistir a clase del alumnado que no quiera secundar la convocatoria. Es un cambio respecto a la realidad de ayer, aunque sigue la huelga indefinida, las acampadas y los protestas.

La realidad es que los defensores de una universidad de todos han logrado poder ir a clase, pero los independentistas han conseguido la evaluación única, un examen final en el que no sea necesario asistir a clase para poder así seguir con su protesta, mientras que los rectores se han puesto de perfil, incapaces de enfrentarse abiertamente en los manifestantes. Al menos hoy, las puertas no han estado colapsadas por sillas o barricadas. “Hemos venido todos, me ha sorprendido”, reconoce un alumno en una jornada de aparente normalidad.

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, Coral Latorre, ha tenido que precisar hoy tras los actos de ayer, que su organización no impide la asistencia a los centros educativos. "Defendemos que cualquier persona que quiera entrar a clase pueda entrar a clase, y nuestros piquetes son siempre informativos", asegura. Según Latorre, la convocatoria de huelga del Sindicato de Estudiantes en Cataluña está motivada por la "represión y la brutalidad policial" tras las sentencia del 'procés', y subraya que su organización apoya "en todo el estado español" las movilizaciones por la "República catalana", donde destaca "el protagonismo de la juventud".

El Sindicato de Estudiantes cifra en un 70% el seguimiento de la huelga este miércoles en las aulas de los institutos catalanes, algo que no parece coincidir con lo que se está viviendo en las aulas hoy tras los enfrentamientos de ayer. Esta convocatoria de huelga durante dos días se suma a la huelga indefinida en las universidades promovida por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), organización distinta el Sindicato de Estudiantes, desde el pasado martes.

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes denuncia también la "criminalización" de estas movilizaciones y el "doble rasero" que utilizan, en su opinión, algunos medios de comunicación al destacar los enfrentamientos producidos estos días en universidades como la Pompeu Fabra de Barcelona, que considera "una cuestión anecdótica" en comparación con "las movilizaciones masivas y pacíficas", en sus propias palabras. La realidad es que 800 profesores han lanzado un comunicado en el que refutan las tesis de los independentistas, mientras que un grupo de intelectuales agrupados en Más Procés es Más Recortes advierten ya de las consecuencias sociales que está provocando la cerrazón independentistas en la educación y la sanidad catalanas.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha alertado también de que la economía catalana está creciendo por debajo de la media nacional y ha advertido de que los sucesos violentos ocurridos tras la sentencia del procés "tienen un impacto económico negativo".

Los estudiantes independentistas han continuado pese a todo con sus movilizaciones y han iniciado una acampada indefinida en la plaza Universidad de Barcelona para reclamar que "se pare de forma inmediata la represión". Unas 40 tiendas y 100 personas ocupaban la plaza en el día en el que los institutos se sumaban a la huelga indefinida de los universitarios.

En un manifiesto, en el que se han definido como la 'generación 14 de octubre', los acampados en la plaza Universidad de Barcelona han exigido responsabilidades a los políticos para garantizar un futuro digno y que "no tolerará 100 años de prisión por ejercer sus derechos".

Ha lamentado la "criminalización sin precedentes" por parte del Estado desde la publicación de la sentencia del 1-O, con 200 detenidos y 600 heridos, de las que cuatro han perdido la visión.

La acampada también pide que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "condene la represión y la violencia policial" y se siente a negociar un referéndum de autodeterminación y se "garantice la amnistía total contra todos los presos y presas políticas", así como los derechos civiles y políticos que, según el colectivo, han sido vulnerados y puestos en cuestión por la sentencia del Supremo. Asimismo, también ha reclamado un futuro digno con acceso a vivienda social, igualdad de género y medidas reales para frenar la emergencia climática, así como "la garantía de los derechos sociales que han sido robados". La noticia es que hay la Universidad Pompeu Fabra ha abierto sus puertas sin barricadas, tras la jornada de ayer en la que ninguno de sus 14.000 alumnos, pudieron ir a clase.