Mal día para Puigdemont: la fiscalía belga pedirá que se extradite y el Parlamento Europeo le niega la inmunidad

La Fiscalía belga pedirá este martes al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española, según han informado fuentes de su defensa.

"Piden la extradición por los dos delitos", ha informado Paul Bekaert, el abogado belga del político independentista, indicando así que la Fiscalía de Bruselas defiende la posición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, aunque no aclare cuál sería la equivalencia de delitos en el sistema belga.

Las partes, que ya han tenido acceso a las primeras alegaciones escritas, han sido citadas este martes a partir de las 9:00 horas para la vista sobre la reactivación de la euroorden, en una audiencia a puerta cerrada en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas.

Los abogados de Puigdemont prevén solicitar un aplazamiento de la vista para contar "con más tiempo para preparar" la defensa del expresidente catalán, con el argumento de que apenas han tenido 24 horas para estudiar el dossier y aludiendo a la complejidad del caso.

Por ello, según Bekaert, el juez no tomará ninguna decisión sobre el fondo del asunto, sino que fijará una nueva fecha, "probablemente a primeros de diciembre", para continuar la vista y que las partes puedan presentar sus alegatos.

Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso. Así lo dispuso el juez de instrucción ante el que Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes, tras la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana.

El político independentista se entregó a la Policía federal belga y quedó bajo arresto hasta que el juez le interrogó y dictó las medidas cautelares al día siguiente.

Para evitar la extradición, la defensa de Puigdemont esgrimió que tenía inmunidad como eurodiputado pero, tras consultar con el Parlamento europeo, el juez instructor concluyó que no gozaba de tal protección.

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España --incluyendo los de rebelión y sedición-- salvo el de prevaricación.

Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios".

En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso --Fiscalía belga y defensa-- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.