La historia tras la enmienda antidesahucios que provoca una nueva crisis en el Gobierno

La última trinchera se llama desahucios. Sin apagarse el incendio que causó la escenificación, a su manera, del apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (en el PSOE aún están intentando sofocarlo) Pablo Iglesias abre un nuevo frente. Vuelve a la carga.

Quiere barra libre (es un decir) para los desahucios: que se prohíban todos y hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora están suspendidos hasta el 31 de enero de 2021 y acotados a los de personas en situación precaria a causa de la pandemia. Iglesias, que aspira a más, se ha aliado con ERC y Bildu para enmendar la propuesta de Presupuestos de su propio Gobierno. Ha vuelto a hablar, a su modo. Con un tuit en el que avisa que la paralización de desahucios tiene “enemigos muy poderosos”. Dice, además, “no nos votaron para hacer amigos”. Y desde luego la campaña que acaba de emprender no tiene muy contentos a sus socios en Moncloa.

Esta última pelea arranca, de hecho, desde el proceso de gestación en sí de la enmienda. Fuentes de Podemos aseguran que el PSOE estaba sobre aviso y que en ningún momento transmitió la idea de que no deberían presentarla. El lunes Pablo Echenique le mandó un mensaje a Lastra anticipando su intención. En el entorno de Iglesias aseguran que la portavoz parlamentaria no intentó frenarles.

Por el contrario, fuentes del grupo socialista sostienen que Lastra dejó claro a Echenique que lo de los desahucios es un tema que no debería vincularse a los presupuestos. Y que, además, había un acuerdo entre los socios de Gobierno para que las enmiendas fuesen conjuntas. De hecho todas las enmiendas, salvo ésta de los desahucios y otras varias de perfil bajo con el PRC, llevan el sello de los dos partidos: PSOE y Unidas Podemos. Fuentes socialistas cuentan que si no firmaron la de la moratoria es "porque no estábamos de acuerdo". Y dejan un par de recados: "Nosotros somos gente seria". "Podemos tendrá que aprender algún día que es un partido de Gobierno".

Así que esa supuesta unidad de acción quedó rota cuando -después de que, según los socialistas, dejaran claro que no estaban de acuerdo con que un socio de Gobierno moviera ficha contra las cuentas de ese mismo Gobierno, y menos aun yendo por libre- Jaume Assens, diputado de En Comú Podem, se plantó en la sala de prensa del Congreso para anunciar con Gabriel Rufián (ERC) y Mertxe Aizpurua (Bildu) la enmienda que ha causado el revuelo.

Nueva aparente crisis entre los socios, es el tema del día, que ambas partes tratan de evitar que se desboque. Fuentes socialistas del Gobierno lo enmarcan en la “novedad” que supone sacar unas cuentas para un ejecutivo de coalición.

En Podemos, el propio Assens augura un “acuerdo inminente”. Su teoría es que entre los socialistas hay distintas sensibilidades. En un extremo estaría el ministro de Trasportes, José Luis Ábalos, dispuesto a ampliar la moratoria de desahucios a personas en situación vulnerable antes de la pandemia. En el otro, la vicepresidenta Nadia Calviño. Ella ha sido la que más claramente ha apuntado a un posible “conflicto”.

Calviño, por ser exactos, no ha llegado a afirmar que lo haya. Lo que ha comentado en Onda Cero es que no ve necesario crear “un conflicto”, lo que viene a sugerir que la insistencia de Iglesias por sacar sus objetivos caiga quien caiga ya lo ha provocado. De hecho, la ministra se ha visto como obligada a justificar la postura del Gobierno, que ante en el empuje de Iglesias, parece menos “social” en la parte socialista que en la parte de Podemos. Y así, recuerda que ya se han puesto en marcha medidas para paliar la situación de los más vulnerables, pero insiste en que además de evitar los desahucios también hay que garantizar la seguridad jurídica”.

“No hay diferencias en la coalición de Gobierno en que hay proteger a las personas vulnerables”, ha afirmado Calviño tratando de exhibir lo que le une y disimular lo que le separa de Iglesias y los suyos.

La cuestión es que el vicepresidente segundo no es de los que aflojan en sus propósitos, más allá de los daños colaterales que puedan acarrear. Y ya lo ha dicho Assens, ésta era la oportunidad para arrancarle este compromiso al Ejecutivo, cuando las cuentas están abiertas en canal y pendientes de ajuste. Y en ello están.

Con un empeño que a los primeros que ha sorprendido ha sido a sus socios. El ministro Ábalos, por ejemplo, que es el que debe gestionar el tema sea de la manera que sea, se ha enterado "por la prensa" de lo de la enmienda.

Fuentes de Transportes señalan que, en las negociaciones, Podemos nunca habló de la fecha de 2022 para extender la moratoria, que todo lo más a lo que apuntaba era a mantenerla durante el periodo del estado de alarma, que ahora tiene su límite en el 9 de mayo. Lo de 2020 puede ser una exigencia de ERC y Bildu, que Podemos podría estar ahora dispuesto a revisar.

Llegados a este punto, lo de los desahucios (acompañado de la suspensión también de los cortes de suministros) es una cuestión estratégica para Iglesias. La pugna viene de largo. Primero, reclamó la moratoria mientras su número dos en la vicepresidencia, Nacho Álvarez, el hombre de los números en Podemos, negociaba el borrador de cuentas con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y nada. Luego, amenazó con no dar por cerrado el acuerdo la noche antes de presentarse las cuentas, y consiguió que los socialistas admitieran que la prohibición de desahucios se extendiera hasta el 31 de enero. Por debajo de sus expectativas. Así que ahora amplia la apuesta.

Ya el viernes pasado, en uno de sus habituales encuentros en Moncloa, Pablo Iglesias le transmitió al presidente del Gobierno que había que hacer algo con los desahucios. Sánchez le contestó: “Vamos a verlo”. Y sí, ya lo están viendo.