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El independentismo catalán ha hecho frente común ante el presunto espionaje masivo a líderes y activistas de ERC, Junts, la CUP y las plataformas cívicas Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Este mismo martes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés ha anunciado que congela las relaciones con el Gobierno Central hasta que se esclarezca y el Ejecutivo ha tenido algo que ver.
Desde el Ministerio del Interior se desmarcan de lo que en Cataluña se llamaCatalangate. Sin embargo, el independentismo señala directamente al CNI, porque estamos ante un presunto espionaje que sólo se puede hacer por orden de un Gobierno. Se hizo con el sofisticado sistema Pegasus con base en Israel. NIUS te da las claves de este espionaje, que por ahora es presunto.
En total, hay 66 víctimas de este presunto espionaje. Entre los políticos, están los expresidentes Quim Torra o Artur Mas, y también, el actual, Pere Aragonés.
No están Carles Puidemont -aunque sí su mujer- ni Oriol Junqueras, ni otros líderes juzgados como Jordi Cuixart o Jordi Sánchez.
En la lista también aparecen dos políticos del independentismo vasco: Ion Iñarritu y Arnaldo Otegi.
Entre 2017 y 2020. Es decir, empezó el año del referéndum independentista y siguió hasta el final del juicio del juicio del procés, que condenó a 12 líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia en el Tribunal Supremo.
En 2020, Roger Torrent, expresident del Parlament; y el exdiputado Ernest Maragall recibieron mensajes en su móvil del director de Políticas Públicas de Whatsapp para Europa, alertándoles de que sus teléfonos podrían haber sido hackeados.
Después de eso entró en escena Citizen Lab, una plataforma de ciberseguridad de la Universidad de Toronto que investiga ese espionaje.
Ahora va más allá, y señala una trama de "espionaje masivo" contra todo el movimiento independentista. La revista New Yorker se ha hecho eco de la información destapando el escándalo.
Se hizo a través del Programa Pegasus. Uno de los más potentes y sofisticados del mundo, indetectable por los antivirus comerciales.
El atacante puede leer mensajes encriptados, acceder a la memoria interna del móvil y pinchar conversaciones cifradas. También, robar contraseñas, descargar contenido de la nube, activar a distancia el micrófono y hacer fotos y vídeos con la cámara del terminal. Todo, sin levantar las sospechas.
Al parecer, aprovecha vulnerabilidades del teléfono, en este caso un fallo de seguridad en las videollamadas de Whatsapp, para penetrar en el dispositivo y deja al descubierto todo tipo de datos privados de la víctima sin su conocimiento.
En el caso de Pere Aragonés (espiado siendo vicepresidente), se sabe que clicó sobre el enlace de una noticia que le llegó por mensaje. Según la investigación, uno era de La Vanguardia y otro de Cónica Global. Él pinchó y el sistema entró en su ordenador.
Porque es un programa que, según su creador, sólo puede ser comprado por Gobiernos, ya que está pensado para investigar el crimen organizado y el terrorismo.
Interior se desvincula y no reconoce el uso de Pegasus para espiar a rivales políticos. Tampoco la compañía israelí que la creó informa de sus clientes.
John-Scott Railton, investigador de CitizenLab, ha sido el responsable de la investigación que ha durado dos años.
En una rueda de prensa conjunta de las víctimas, Ralton no ha desvelado muchos detalles, pero ha asegurado que hay indicios que "apuntan a varias entidades dentro del Estado español".
Eso sí, ha admitido que es muy difícil encontrar a los responsables, por algo estamos hablando de un sistema exclusivo y de un precio elevadísimo.
Sí. De momento hay un causa abierta desde 2020 en el juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona a donde acudieron Torrent y Maragall.
En juez solicitó información a Israel e Irlanda para que aclararan si los teléfonos móviles habían sido hackeados. En el caso de Israel, porque allí está el software Pegasus e Irlanda porque es donde está el domicilio fiscal de Whatsapp, que había lanzado el aviso. De esto hace un año y medio, y el juez José Antonio Cruz aún espera la respuesta.
Sí, porque Puigdemont, Junqueras y Aragonés han anunciado querellas por parte de los afectados. Las presentarán en España, pero también en Francia, Suiza, Luxemburgo o Alemania.
Las querellas irán contra NSO, la empresa propietaria del software, pero también contra el Estado Español y algunas de sus instituciones para que se investigue.