El Gobierno se enreda en el debate de una reforma legal que permita un referéndum en Cataluña

Faltan dos meses para que se reanude la mesa de diálogo que intentará buscar solución al conflicto e Cataluña. Y dos años para que expire el plazo que se han concedido ambas partes para una primera evaluación de los resultados alcanzados en esa mesa. El tiempo y la propia complejidad del proceso -“es la negociación más complicada de la historia de la Generalitat”, ha dicho su presidente, Pere Aragonès- colocan a años luz la meta del trayecto. Y. sin embargo, ese es el debate que arrecia desde ya mismo: el de adivinar el final.

¿Habrá o no referéndum de autodeterminación? ¿Se votará, o no? ¿Qué se votara, si llega a votarse? ¿Quién lo hará?

El Gobierno ha salido rotundo a negar la mayor. “No habrá referéndum de autodeterminación”. Pedro Sánchez lo afirmó con solemnidad el miércoles en el Congreso, y lo repitió el día después en La Sexta, ahondando en los motivos que justifican su rechazo. Porque ninguna constitución avanzada contempla esa opción, tampoco la nuestra. Porque si se quiere cambiar la Constitución en ese sentido se requiere mayoría de tres quintos de la Cámara y el PSOE nunca estará a favor. Y porque, además, poner en cuestión la integridad territorial conllevaría, a su juicio, un “socavamiento aún mayor de la convivencia” en Cataluña. Que es lo que, dice, ha tratado de evitar con los indultos.

La firmeza con la que Sánchez ha pretendido espantar el fantasma, -habló incluso del “absurdo” de defender un derecho que no existe- contrasta, sin embargo, con la naturalidad con la que algunos de sus ministros han deslizado la idea de que el proceso de diálogo desembocará en una votación. Sin acabar de precisar ninguno el ¿sobre qué? ni el ¿quién?.

A la vicepresidenta Carmen Calvo le preguntaron, en concreto, por la disposición del Gobierno a un referéndum consultivo de los que regula el artículo 92 de la Constitución. Y no dijo que no. Más bien al contrario. “Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política del país”, fue la respuesta, abierta, que dejó en Radio Nacional. Apostilló, eso sí, que no hay urgencia: “No estamos en eso”.

La difusa respuesta de Calvo llevó a que al presidente le pidieran más tarde explicaciones sobre lo que había querido decir exactamente su vicepresidenta, si habrá o no referéndum para definir el encaje de Cataluña en España. “No hay que interpretarla en un sentido o en otro”, despejó Sánchez, intentando evitar que el Gobierno acabe preso de sus propias palabras.

Más explícito que Calvo, su compañero de Política Territorial, Miquel Iceta, sí que ha apostado por someter a referéndum un “gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas de Estado”. Lo decía, en Catalunya Radio (que el escenario tiene su peso) uno de los ministros más catalanistas. El que ya llevó en 2017 en su programa como candidato a la Generalitat la propuesta de dos referéndums, uno en Cataluña para un nuevo Estatut y otro en toda España para una nueva Constitución.

Ábalos, poco después que Iceta, y quizás para evitar que se confundiera su mención al autogobierno con la autodeterminación, precisó sin corregirle: “La única consulta pública de la que se ha hablado siempre se refirió a los acuerdos que se pudieran adoptar en la mesa entre el Gobierno de España y la Generalitat”.

La acumulación de voces en la misma dirección, la admisión de que hay una vía alternativa y que se ha hablado de ella y la referencia a asuntos concretos que pudieran ser sometidos a consulta confirman que, sin llegar a darlo por hecho, el Gobierno sí al menos contempla la idea de que una votación refrende los resultados de la mesa. Algo que no se puede considerar del todo nuevo. Sánchez lleva tiempo avanzando que lo interesante sería votar, pero votar “sobre un acuerdo, no sobre lo que se está en desacuerdo”.

El mensaje, por tanto, no difiere casi en nada de lo que ha venido defendiendo el presidente, lo que han cambiado son la circunstancias. El fin de la pandemia ha devuelto los focos sobre Cataluña. Acaban de salir de la cárcel los presos del procés. Y ya hay fecha para la mesa, en la que los independentistas aspiran a lo máximo y los rivales de Sánchez aprietan hacia lo mínimo.

Vuelven las urgencias. Y la tensión. La estrategia de Moncloa, aunque todavía incipiente -“Estamos en otra cosa”, insisten a NIUS- de consumarse, parece fruto de ambas presiones. Es una especie de no (a lo de la autodeterminación) pero sí (a lo de votar) que ha encontrado como posible herramienta lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución.

En su apartado 1, dice lo siguiente: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

Según esto, los acuerdos de la mesa pueden ser declarados de “especial trascendencia” y sometidos por tanto a una consulta, cuyo único obstáculo sería la forma de limitarla geográficamente para que solo voten los catalanes.

El catedrático Francisco Rubio Llorente, que apuntó esta posible vía en El País, señaló también el proceso para reducir el universo de votantes. Lo recuerda José Antonio Zarzalejos en El Confidencial: bastaría con reformar la ley 2/1980 que regula este precepto a instancias del Parlamento catalán, facultado para tramitar una proposición de ley en las Cortes Generales. El Gobierno, con sus actuales apoyos, cuenta con fuerza suficiente para sacarlo adelante. Ni siquiera un más que probable recurso en el Constitucional, que tardaría años en resolverse de acuerdo a la costumbre, podría frenar su entrada en vigor.

El referéndum consultivo ya ha sido utilizado dos veces: en el momento de la entrada en la OTAN y en el de la ratificación del Tratado de la Unión Europea. Su aparición ahora en escena, ayudada por el propio ejecutivo, le anticipa a Sánchez un largo camino en el alambre.

A su favor: es consultivo, reclama una opinión, no una decisión. Está “en el marco constitucional”. Ofrece un punto de encuentro a sus interlocutores de la mesa: votar.

En su contra: Acusaciones de retorcer la Constitución para territorializar el voto. El efecto contagio en el País Vasco y una posible alimentación de las expectativas del independentismo. La identificación de cualquier tipo de consulta con un “referéndum de autodeterminación”.

Esto último ya ha ocurrido. En el minuto uno de lo que será un largo debate, el presidente del PP, Pablo Casado, daba por hecho que Sánchez va a dar lo que pretenden a sus "jefes independentistas".

“Las mentiras de Sánchez”, denuncia el PP. Faltan dos meses para la mesa de diálogo. Y dos años para que el Gobierno y la Generalitat examinen si han avanzado en algo. O no.