El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, la denominación actual que antes se conocía como 'zona catastrófica', para todos los territorios afectados por el temporal de nieve 'Filomena', según informan a Europa Press fuentes gubernamentales.

Esta medida llega después de que lo solicitaran varias regiones, como la Comunidad de Madrid, donde hasta 56 municipios han pedido ser declarados zona catastrófica, incluida la propia ciudad de Madrid, o Castilla-La Mancha, para hacer frente a las numerosas consecuencias del temporal de nieve que azotó a buena parte del país la semana pasada. Sólo en la ciudad de Madrid , el alcalde José Luis Martínez Almeida, había estimado en 1.398 millones de euros los daños causados por el temporal en su petición.

Mas de una semana después del temporal de nieve, muchos municipios del centro de la península siguen sin poder recobrar la normalidad. Aunque la circulación en las grandes vías de la ciudad de Madrid y de los grandes municipios de la Comunidad madrileña ya están operativas, son muchas las calles de los centros históricos de las ciudades que todavía no son transitables. Servicios como la recogida de basuras no se han puesto en marcha todavía en algunas zonas, desde que se produjeron las grandes nevadas de los pasados días 8 y 9 de enero.

Aunque los colegios permanecían hoy cerrados, se espera que este miércoles se retomen las clases presenciales en todos los centros educativos.

Parece que la decisión de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil se habría tomado sin esperar a su solicitud por las administraciones autonómicas perjudicadas por la borrasca. Para esto era necesaria la solicitud por parte de los ministros de Hacienda y de Interior, o en su caso los titulares de otros departamentos afectados.

De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que se aprobó en julio de 2015, se contempla la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para adoptar "medidas de reparación", tales como la exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de cotizaciones de la Seguridad Social, así como la consideración "de fuerza mayor" algunas suspensiones de contratos de trabajo o bien incluso la reducción de una jornada de trabajo que haya tenido como "causa directa" tal situación de emergencia.

Pero la ley va más allá e incluso prevé la posibilidad de conceder ayudas en caso de catástrofe aunque no se declare previamente un área como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y además, el Consejo Nacional de Protección Civil puede acordar los precios unitarios de coste de servicios para facilitar la cuantificación de gastos en los convenios de colaboración cuando concurran en la emergencia varias administraciones.

En estos casos de declaración de emergencia de interés nacional cuando le corresponde la atribución al titular del Ministerio del Interior, en este caso Fernando Grande-Marlaska, "bien por iniciativa propia o a instancia de las comunidades autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas". En todo caso, si lo hace debe comunicárselo previamente a la comunidad autónoma afectada o afectadas si son más de una.

Precisamente en este tipo de emergencia es también el titular de Interior quien asumirá su dirección, la ordenación y coordinación de las actuaciones, la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales en el territorio afectado y sin perjuicio de lo que se dispone en la ley para los estados de alarma, de excepción y sitio. El ministro del Interior podría incluso requerir a otras administraciones públicas que no estén afectadas por la emergencia que pongan a disposición sus recursos movilizables.

Sin embargo, este miércoles en rueda de prensa, el titular de Interior ha asegurado que la gestión "corresponde" a las comunidades autónomas y entidades locales, hasta que el Gobierno asuma la coordinación de medios una vez que han sido solicitados por las administraciones competentes" y respecto a esa coordinación ha afirmado que es "fluida y adecuada".

Una vez que se ha declarado la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el Gobierno podrá establecer ayudas económicas a particulares, a corporaciones locales, ayudas a empresas y a explotaciones ganaderas y agrícolas o subvenciones por daños en infraestructuras, además de medidas de ayuda fiscales, laborales y de la seguridad social. Sobre este punto el ministro ha agregado que ya se han empezado a evaluar los daños, algo que no puede terminar mientras no concluya la emergencia climatológica, pero ha garantizado que "ningún perjudicado va a dejar de ver satisfecho el daño que haya podido o pueda sufrir".

"Estamos evaluando, se aplicará la normativa, pero para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y reparar los daños causados en una circunstancia de emergencia climatológica", ha apostillado. Finalmente, ha dicho que todos los dispositivos siguen activos para responder al temporal y proteger al conjunto de la población, asegurar la vuelta a la normalidad de los servicios públicos esenciales y para evaluar y compensar todos los daños sufridos.