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El Gobierno negocia a contra reloj con el Partido Popular para aprobar el plan de choque a la crisis este jueves en el Congreso de los Diputados. Aún no hay acuerdo y si no se aprueba el proyecto de ley, las medidas como la rebaja en la gasolina, la subida máxima del 2% en los alquileres, el aumento del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono social o la prohibición a las empresas en ERTE, dejarán de tener efecto. Olvidado ya el lapsus de Pedro Sánchez con Gabriel Rufíán, el Gobierno está centrado en aprobar el plan de choque a la crisis.
El Gobierno espera sacar adelante e en el Congreso su plan contra los efectos de la guerra en Ucrania tras aceptar su tramitación como proyecto de ley, una exigencia de varios partidos que permitiría sumar los apoyos necesarios para su convalidación, incluida la abstención del PP. El decreto ley que recoge el plan anticrisis es temporal y está en vigor desde el pasado 1 de abril hasta el próximo 30 de junio, duración que en un principio llevó al Ejecutivo a rechazar que se tramitara en el Parlamento como proyecto de ley.
Sin embargo, la irrupción del supuesto espionaje a dirigentes independentistas catalanes por parte del Estado ha trastocado los apoyos parlamentarios habituales del Gobierno de coalición, que previsiblemente se encontrará con el voto negativo de una ERC insatisfecha con la respuesta del Ejecutivo al llamado "caso Pegasus".
Este miércoles el Gobierno ha seguido negociando con los grupos, pero con la vista puesta en una eventual abstención del PP que dejara en minoría a los partidarios del no. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo exige la rebaja fiscal de la rentas medias y bajas, reducción del IVA eléctrico, gestionar con más agilidad los fondos europeos y reducción de los gastos burocráticos del Gobierno.
El vicesecretario de Economía del PP y consejero andaluz, Juan Bravo, pedía por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la tramitación del decreto como proyecto de ley como requisito para facilitar su aprobación.
Pero también reclamaba que la futura norma incluya una rebaja fiscal a rentas medias y bajas, una reducción del IVA de la electricidad, medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y una reducción del gasto burocrático y político.
Por carta le ha respondido Montero, para decirle que el Gobierno acepta tramitar el decreto como proyecto de ley para que las medidas ya en vigor no decaigan, aunque posponiendo a un análisis "más profundo" el resto de exigencias del PP.
Entre las medidas que el Gobierno no quiere que decaigan está la rebaja fiscal de la factura de la luz, la bonificación de los carburantes, la extensión del bono social eléctrico, el aumento del ingreso mínimo vital o las ayudas directas al transporte, la agricultura, la pesca y la industria gran consumidora de energía.