El Gobierno afirma que ha “pulido” la reforma del CGPJ para que sea constitucional, y aún confía en un acuerdo con el PP

“¡A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted!”. La categórica afirmación de Pablo Casado en la sesión de control de este martes en el Congreso da idea del nivel de tensión y enfrentamiento al que se ha llegado en el intento de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez y Casado frente a frente. Inamovibles cada uno en su postura. Incapaces de armar un consenso que permita renovar los cargos caducados desde hace años.

Es el famoso “bloqueo” del que los socialistas han venido acusando reiteradamente a los populares y que el presidente del Gobierno ha decidido romper buscando una renovación express por vía no ejecutiva sino parlamentaria. La han puesto en marcha esta semana los grupos del PSOE y Unidas Podemos, y ha levantado un formidable estrépito mediático que se suma a la bronca política y al recelo en el propio ámbito judicial.

La proposición de ley -que pretende, según su propio postulado, acomodar la composición del CGPJ al “pluralismo” de la sociedad y del propio poder judicial- plantea dos líneas de reforma. Una es la limitación de atribuciones del Consejo cuando ha expirado su plazo, como ahora pasa. Otra, la más polémica, es la alteración a la baja de la mayoría necesaria para designar a los nuevos miembros.

En concreto a doce de ellos, los del llamado turno de jueces, los que según la Constitución deberían ser nombrados de acuerdo a “lo que establezca la ley orgánica”. Esto es, una ley que se puede cambiar con mayoría absoluta y no reforzada (de tres quintos) como la propia Carta Magna exige expresamente para los otros ocho, seleccionados entre juristas y abogados de reconocido prestigio.

La existencia de esa doble vía es la que ha abierto la puerta al intento de reforma que pretende Sánchez, con el riesgo de crear dos tipos de magistrados, los 12 elegidos por mayoría absoluta y los 8 con mayoría reforzada. Hasta ahora se designa a todos con el mismo baremo porque en el 85, la ley orgánica impulsada por Felipe González así lo determinó: que todos fueran elegidos por el Parlamento y que todos contaran con apoyo de tres quintos de las cámaras.

Para el actual ejecutivo es impensable abordar una reforma de la Constitución en su empeño de sortear el “bloqueo” de Casado. Pero lo que sí está a su alcance es, al igual que González sacó adelante una ley, sacar adelante la suya. Y en ello está. Pese al revuelo que genera un movimiento de este tipo, en la línea divisoria entre poderes y el riesgo más que probable de que el plan de reforma para modificar la composición del CGPJ se someta al escrutinio del Tribunal Constitucional. Vox y Ciudadanos están decididos a presentar recurso.

En Moncloa no hay miedo a ese supuesto. Fuentes del ejecutivo dan por sentada la constitucionalidad del proyecto, que dicen tener “muy trabajado y muy pulido”. En todo caso, la pretendida rebaja del coste en votos de cada magistrado del CGPJ –que ya le ha costado a Sánchez graves acusaciones de “atropello” a la justicia y otras de ese calibre- no es la opción A del ejecutivo.

Desde el entorno del presidente insisten a NIUS que el Gobierno “sigue apostando por el acuerdo”. Trasladan la idea de que aún confían en un movimiento de Casado que permita consensuar la renovación de los magistrados del CGPJ de acuerdo a las mayorías exigidas hasta ahora.

En ese escenario, la iniciativa parlamentaria perdería su razón de ser. Desde ya mismo, sin embargo, y ante la hipótesis de que se haya puesto en marcha para empujarle a mover pieza, Casado ha pronunciado ese “a mí no me presiona nadie”, que sugiere su intención de no mover ficha.

El arriesgado movimiento de Sánchez, si bien no parece haber inmutado al PP, sí que ha agitado el escenario político. Entre los propios socios del presidente, se han registrado movimientos intentando que la cosa no pase a mayores. Es el caso del PNV, que lanzaba este mismo miércoles un llamamiento “a la sensatez y a la cordura” para que se restablezca el diálogo.

Los nacionalistas vascos admiten que la reforma impulsada por PSOE y Podemos “podría ser una vía para acabar con el obstruccionismo”, según decían en un comunicado en referencia al “bloqueo” del PP sin citarlo. Y apoyan que se limite el poder del CGPJ cuando acaba su mandato. Ahora bien, no tienen tan claro que “lo idóneo” para renovar las instituciones sea modificar las mayorías.

Las dudas del PNV sobre la “idoneidad” se suman a esa duda mayor, la de si es constitucional o no recortar el número de votos para poder designar a los magistrados. Los expertos consultados por NIUS coinciden en general en que sí lo es, ahora bien, con reparos.

Joaquín Urías (Profesor de Derecho Constitucional): “Yo creo que no va contra la letra de la Constitución, aunque pudiera ir contra el espíritu. Cuánto más alta sea la mayoría que se exige más responde al espíritu constitucional, Cuanto menor sea la mayoría más se aleja. El recurso no es de cajón que sea inconstitucional. Quien diga que esta reforma es claramente inconstitucional se equivoca”.

Carlos Flores Juberías (Catedrático Constitucional Universidad de Valencia): “Estamos en la disputa entre el espíritu y la letra de la Constitución. Va en contra del espíritu de los constituyentes que raramente habrían querido mayorías diferentes. Por tanto, entiendo que la reforma no es inconstitucional, pero denota deslealtad constitucional, que es más grave. Denota falta de respeto a los valores constitucionales”.

Ángela Figueruelo, (Catedrática de Derecho Constitucional.Universidad de Salamanca): “En democracia tenemos claro que el poder emana del pueblo. El único poder que no tiene legitimación democrática de origen es el de los jueces. Se le quiso dar legitimidad mediante la elección por las cámaras. Por eso no es lo mismo que sean elegidos por tres quintos que por 176 votos. (La reforma) es de dudosa constitucionalidad, porque se mueve en zonas grises del derecho. No está claro”.

Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional): “Se ajusta a la letra de la Constitución, a su artículo 122, pero no tiene en cuenta la advertencia que ya hizo el Tribunal Constitucional en el 86 y que interpreta este artículo de acuerdo con la separación de poderes. Con la reforma disminuye claramente la separación de poderes”.

Joaquín Urías: "Cuando un partido como el PP infringe la Constitución, el Gobierno se va a buscar otra alternativa. No es la mejor posible, había otras alternativas, Sería más razonable que se permitiera la mayoría absoluta pero que ningún grupo pueda proponer más de tres candidatos. Así se consigue que PSOE y UP no puedan proponer a todos, pero habría renovación. El PP ha provocado incumplimiento, y el Gobierno ha respondido… de manera excesiva, que no es la mejor posible".

Carlos Flores Juberías: "Por su puesto que la considero inconveniente. Nociva. Y altamente peligrosa. Va a permitir colocar al mayor órgano de los jueces al alcance de una mayoría no reforzada y rompe el consenso. Esa dinámica se va a repetir. Dentro de cinco años habrá otra mayoría, quizás del PP y podrá hacer lo mismo. Es peligroso ahora, y sienta un precedente peligroso. Y no veo justificado en el bloqueo. Si hay bloqueo es por todos. Hay dos en la mesa, si uno no compra el otro no vende. Si el PP no ha entrado en ese consenso será porque el Psoe no le ha ofrecido lo que querría tener. La culpa es de todos. Si les preocupa el bloqueo, que vuelvan al sistema antiguo, que era el sistema de elección de los vocales por parte de los propios jueces".

Ángela Figueruelo; “Hubiera requerido más pausa a la hora de pensar. La ley está clara: dice siéntense y lleguen a un acuerdo. Como no llegan al consenso van a a modificar la ley. Yo creo que no es bueno. Las leyes sin consenso tienden a ser modificadas cuando haya nueva mayoría. Esto requería ser consensuado. Es precipitada y no conveniente y de ahí la polvareda que está levantando".