Cuando nos encaminamos ya al segundo fin de semana sin estado de alarma, desde que decayese el pasado 9 de mayo, el lío jurídico sobre las restricciones a aplicar por cada comunidad autónoma tras perder ese escudo que les avalaba a la hora de tomar medidas que afectasen a los derechos fundamentales... continúa.

Sobre ello, precisamente, han vuelto a preguntar hoy a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a quien le han cuestionado sobre la situación de Montefrío, la localidad granadina donde sus habitantes han visto como una vez tras otra, el Tribunal Superior de Justicia andaluz tumbaba la pretensión de la Junta de Andalucía de aplicar un cierre perimetral.

Concretamente, el TSJA lo ha rechazado hoy por tercera vez, y el Supremo ha desestimado también los recursos de la Junta.

Ante este tipo de situaciones, Montero ha subrayado: "Las resoluciones que el Tribunal Supremo vaya produciendo sobre los pronunciamientos que en los tribunales superiores de justicia de los territorios estén haciendo hay que verlas siempre con cautela, en los términos exactos". "A veces se trata de justificar mejor por qué una comunidad autónoma pide un cierre perimetral, un toque de queda o cualquier medida que pueda estar en relación con limitaciones de derechos fundamentales de ciudadanos".

Así, emplaza a las CCAA a ser más precisas y exactas a la hora de establecer sus peticiones, a "justificar mejor" las medidas que reclaman, recordando, ante todo, algo repetido continuamente por distintas voces en el Gobierno, incluida la del propio presidente, Pedro Sánchez: "Las comunidades autónomas tienen una amplia batería de medidas que no suponen una limitación de derechos fundamentales", como las relativas a horarios de apertura de establecimientos, las limitaciones de aforos o "el uso o no de la vía pública para determinadas cuestiones", que no requieren de autorización judicial, según ha recordado.

A este respecto, ha insistido en que hay que ser muy cautos en la limitación de derechos fundamentales, y a veces lo importante es justificar bien por qué se produce ese cierre" solicitado por la comunidad autónoma, al tiempo en que ha recordado que tienen a su alcance la posibilidad de solicitar al Ejecutivo central la declaración de un estado de alarma para un territorio concreto si el Supremo no atiende sus peticiones para un cierre perimetral.

"Si hacindo eso el Supremo no atiende la petición que la comunidad autónoma haga, siempre existe el último recurso de solicitar al Gobierno de España que, para ese territorio, le pida al Congreso de los Diputados que decrete el estado de alarma", según ha recordado la ministra antes de confirmar que, por ahora, ninguna administración autonómica ha realizado esa solicitud para puntos de sus territorios, pero los presidentes autonómicos saben que tienen "en su mano" ese "instrumento final", según ha incidido, ha dicho.