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Casas junto a los ríos, cerca de barrancos, en zonas ganadas a la naturaleza pero que se han convertido en un riesgo permanente en cuanto una gota fría (cada vez más común) como la sufrida esta semana El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) pide una política de indemnizaciones al Gobierno para expropiar aquellas construcciones que se sitúen sobre terrenos inundables.
El ICOG recuerda que, según datos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España existen 19.900 kilómetros de zonas inundables delimitadas y se estima que 2.733.000 habitantes viven en zonas inundables, siendo las demarcaciones de mayor riesgo las del Guadalquivir, Segura y Júcar.
"En estos datos no se incluyen cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos, con lo cual si se hicieran todos los mapas de zonas inundables, alcanzaría a 5 millones de personas, el 10% de la población española", puntualiza Manuel Regueiro, presidente del ICOG.
Otras medidas preventivas que propone el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos son, por ejemplo, adoptar una política de seguros que responda al riesgo real de inundación. "Esto que es habitual en Europa y en Estados Unidos, no pasa en España. Aquí el Consorcio de Compensación es un paraguas que impide que los ciudadanos comprendan los riesgos que de verdad corren y que entre todos paguemos las irresponsabilidades urbanísticas de ciudadanos o administraciones", denuncia.
Igualmente, el ICOG aboga por invertir en estructuras de control de inundaciones, como pueden ser las presas de laminación de avenidas o canalizaciones, "aunque sean costosas o provoquen cierta agresividad ambiental", según explica Regueiro. Para el Colegio, una de las medidas fundamentales es elaborar mapas de riesgo geológico previos a los desarrollos urbanos. "Hay que adaptar los usos urbanísticos del suelo en función de los mapas de riesgos naturales", pide Regueiro, que advierte de que "los mapas de riesgo son obligatorios por ley, pero en muchos casos las administraciones o no los tienen o no los aplican".
Por ello, el ICOG ha pedido reiteradamente un Observatorio de los Planes Generales de Ordenación Urbana para comprobar que se cumple la Ley del Suelo y que "los mapas de riesgos se usan, antes de permitir urbanizar ningún lugar" de España. En este sentido, el Colegio de Geólogos incide en el impacto especialmente desastroso de las DANAS (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre el territorio, ya que "descargan una increíble cantidad de agua en muy poco tiempo y se producen avenidas súbitas", finaliza Regueiro.