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La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que Juan Carlos I cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. Desde el Gobierno se ha pedido que se deje trabajar a la Fiscalía. El abogado del emérito ha emitido un comunicado afirmando que no se está respetando la presunción de inocencia.
La Fiscalía ve "indicios" de cuatro delitos contra el Rey Juan Carlos. Según la información que hoy destaca el diario El Mundo, el fiscal ve indicios de cuatro posibles delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
Así lo asegura El Mundo, que explica que ha tenido acceso a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, que, entre otras cosas, mantienen abierta una investigación sobre la fundación Zagatka, fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados.
El rey Juan Carlos permanece desde hace un año Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero, que la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014.
Las investigaciones de la Fiscalía se centran en varios frentes: el principal, el cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones por las obras del AVE de La Meca, de las que se hizo cargo un consorcio de empresas españolas y que en 2012 donó a la que fue su amiga íntima, Corinna Larsen.
También indaga sobre si el rey emérito recibió donaciones no declaradas y si ocultó fondos en paraísos fiscales.
"El Mundo" señala que la Fiscalía del Tribunal Supremo dispone de "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita.
Tras conocerse la noticia, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha confirmado que "la Fiscalía del Tribunal Supremo en el marco de las referidas diligencias de investigación ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones".
"Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación", ha explicado.
No obstante, ha querido precisar que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".
Esto supone, ha recalcado, que con la comisión rogatoria "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".
Además, ha aprovechado para reiterar que "la Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional".