Hoy, 24 de octubre de 2019, quedará grabado en la historia de España como el día en que se procedió a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde fue enterrado hace 44 años, el 23 de noviembre de 1975. Los familiares de Franco han acudido al Valle con rostros de tristeza, mientras algunos pocos, nostálgicos del franquismo, han querido estar en el acto.

Los operarios de la empresa contratada por el Gobierno han retirado "sin incidencias" la lápida que cubría la tumba actual del dictador. Se han ayudado de un gato hidráulico para levantar la pesada losa de granito, de 1.500 kilos, y de unos rodillos para desplazarla.

El cuerpo de Franco se conservaba dentro de una caja de zinc sellada, introducida a su vez en un ataúd. La familia ha querido mantener el ataúd original.

El féretro del dictador ha salido a las 12.54 horas de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de varios familiares del general.

El prior de la Basílica, Santiago Cantera, ha oficiado un breve responso, a petición de la familia Franco, tras la extracción del féretro que guarda los restos del dictador de la sepultura del templo, según ha informado el Gobierno.

Antonio Tejero, el golpista del 81, ha sido recibido con vítores a su llegada el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, lugar elegido para la inhumación del dictador.

No sin alguna dificultad, el féretro ha sido metido en el helicóptero, en el que han volado dos familiares y la ministra de Justicia, rumbo al cementerio.

Tras un escaso viaje de quince minutos, el helicóptero con los restos de Franco ha llegado a Mingorrubio.

Y Sánchez cumplió su palabra

Tras distintos litigios y múltiples obstáculos en el camino, la decidida lucha del Gobierno de Pedro Sánchez para “cerrar heridas” y trasladar los restos del dictador finalmente encuentra su fin: Franco sale del Valle.

Sin honores ni bandera para cumplir la Ley de Memoria Histórica (de hecho la familia acudió con una bandera anticonstitucional que no pudo usar), con sobriedad, discreción y dignidad, iniciaba la exhumación, envuelta en un operativo que se ha estimado con un coste alrededor de los 63.061,40 euros.

Para evitar que nadie pueda grabar imágenes o sonido de los actos de exhumación y su posterior inhumación, y para cumplir con las condiciones acordadas, el Gobierno había instalado un escáner y un detector de metales, entre otras medidas de seguridad. Además, se había levantado una carpa sobre la tumba del dictador en la Basílica del Valle a la que solo han accedido dos familiares, los operarios involucrados en los trabajos, un forense y las autoridades del Estado presentes, siendo la máxima autoridad gubernamental la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A ella la acompañaban el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo.

Por otro lado, 22 familiares de Franco han estado presentes en los actos. En el interior del panteón en Mingorrubio, donde se han dispuesto distintos anillos de seguridad en puntos clave, éstos si estaban autorizados a colocar banderas en el ataúd o los elementos que quieran, dado que, como ha subrayado el Ejecutivo, este espacio es un panteón familiar, aunque la titularidad del edificio sea de Patrimonio del Estado.

“Vamos a proceder a la exhumación de los rectos del dictador Franco del Valle de los Caídos”. Esas fueron las palabras con las que Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno en funciones, expresaba, –durante un Pleno del Congreso de los Diputado para desgranar las líneas claves de su Gobierno–, su decisión de exhumar al ‘Caudillo’. Era un 17 de julio de 2018, y entonces añadió que se iba a acometer “en un breve espacio de tiempo”; una matización que trasladaba la esperanza de un Ejecutivo que, al contrario de lo que preveía, se iba a encontrar una vez más con las numerosas complicaciones de un proceso que se ha hecho eterno. La exhumación iba a caer en un laberinto judicial con múltiples escollos en el camino. Trasladar los restos de Franco no iba a ser fácil ni rápido, ni tampoco iba a escapar a cierto debate en las calles y en sede parlamentaria. No todos compartían la decisión pese a que el tema en cuestión era sacar a un dictador del lugar donde están enterradas también miles de sus víctimas; algo que las familias llevaban años denunciando como un dolorosísimo insulto.

No obstante, para repasar el sinuoso proceso de la exhumación de Franco debemos remontarnos aún todavía más atrás. Concretamente, al menos hasta el 10 de diciembre de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder del PSOE, aprobó la Ley de Memoria Histórica. Sería 4 años más tarde, el 27 de mayo de 2011, cuando el propio Zapatero acordase la creación de una comisión de expertos para estudiar el futuro del Valle de los Caídos, y el 29 de noviembre de ese mismo año cuando esta comisión expresó la recomendación de sacar los restos del dictador, subrayando que es el único de los enterrados en el Valle que no murió en la Guerra Civil española, librada entre julio de 1936 y abril de 1939.

El 29 de octubre de 2013, el PSOE registró una proposición no de ley para exhumar al dictador, pero, con el PP dominando la Cámara Baja con mayoría absoluta, no llegó a votarse. Sin embargo, los socialistas volverían a registrar una nueva proposición el 9 de febrero de 2017, siendo tres meses más tarde, en mayo, cuando el Congreso, esta vez sí, aprobó por amplia mayoría, sin ningún voto en contra y con las abstenciones de PP y ERC, la iniciativa para sacar a Franco del Valle.

Como proposición no de ley, la iniciativa era meramente declarativa: instaba al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a actuar, pero no sería hasta aquel 17 de julio de 2018 cuando, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno tras la moción de censura al líder del PP, se acometería decididamente el proceso de exhumación.

El 24 de agosto de 2018, a través de un Real Decreto-ley, el Gobierno iba a modificar la denominada Ley de Memoria Histórica para exhumar al dictador, algo convalidado en el Congreso con 176 síes, 165 abstenciones de PP y Ciudadanos, y 2 noes. Así, el 15 de febrero del presente 2019, tras abordar los últimos trámites, el Gobierno aprobaba sacar los restos de Franco dando a la familia un plazo de 15 días para decidir dónde iban a enterrarle, uno de los obstáculos más importantes en todo este proceso. Principalmente, porque desde el primer momento, –y desde que se plantease anteriormente–, la familia del dictador mostraba, –y sigue mostrando–, oposición y rechazo; una postura que encontró el respaldo del prior del Valle de los Caídos, la fundación de Franco y la formación de Santiago Abascal, VOX, entre otros.

En este contexto, y ante la férrea voluntad socialista de, dentro del marco legal, “cerrar heridas” y despojar al Valle de los Caídos de la exaltación franquista, la familia se pronunció para pedir que los restos del Caudillo se trasladasen entonces a una cripta familiar ubicada en la catedral de la Almudena, donde yace enterrada la hija de Franco; una petición que nuevamente abriría un amplio debate en las calles, forzando al Gobierno a intervenir para recalcar que trasladarlo allí no respetaría la Ley de Memoria Histórica, podía suponer problemas de seguridad en las inmediaciones de la catedral, ya muy visitada por el turismo, además de recalcar que sus restos no debían estar en ningún lugar donde pueda ser objeto de “homenaje”.

Tras la interposición de distintos recursos por parte de la familia, los nietos de Franco lograron frenar el proceso, llegando a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Aunque la mayor parte de su lucha judicial cayó en saco roto, consiguieron no obstante que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid dictase un auto por el que se suspendía cautelarmente el informe del Ayuntamiento de El Escorial que autorizaba a la exhumación, entendiendo que, no siendo urgente adoptar esa medida, no se habían elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se iba a realizar con seguridad para los operarios. No fue casual. El juez que paralizó la exhumación era José Yusty Bastarreche, hijo de un almirante de la época franquista, muy crítico con la Ley de Memoria Histórica, que para él representa “el ansia de venganza y de odio de los vencidos en la Guerra Civil en estado puro”. La respuesta del Gobierno de Sánchez, no obstante, fue clara y contundente: la tramitación de la exhumación iba a continuar “con absoluta normalidad”.

Era el 15 de marzo de 2019 cuando el Consejo de Ministros comunicaba que, tras la exhumación, la inhumación de los restos del dictador se iba a producir en Mingorrubio el 10 de junio. La familia Franco lo intentó evitar con un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo para paralizarlo, y lo logró. El Supremo, el 4 de junio de 2019, a la espera de decidir sobre el fondo del asunto, suspendió el proceso para sacar los restos del dictador.

Tres meses y 20 días más tarde, el Supremo daba luz verde a la exhumación, rechazando su entierro en la Almudena y avalando su traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Así, un año y tres meses después desde aquellas palabras de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso, este miércoles 24 de octubre de 2019, al fin, se ha procedido a la exhumación del dictador para sacarle del Valle.