"Tremendamente preocupado", así está el presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, cuya situación ha llegado al límite tras tres años de bloqueo del Poder Judicial y sin poder nombrar nuevos magistrados. César Tolosa ha hablado con NIUS, dos días después de solicitar medidas para paliar la situación de una sala que en primavera se queda con 25 magistrados, su mínimo legal.

En la Sala de lo Contencioso Administrativo el problema es doble. Por un lado, la jubilación de un magistrado en marzo y otro en abril, la dejará con su mínimo número de miembros para constituir secciones y atada de pies y manos si hubiera otra baja inesperada. Por otro, las reclamaciones patrimoniales por las medidas contra el COVID están empezando a llegar al Supremo y se espera que en breve lo inunden.

Pregunta: ¿Están preocupados en la Sala III?

Respuesta: Tremendamente preocupados. Lo que está en juego es la tutela judicial efectiva que debe proporcionar la Sala a los ciudadanos. Hablamos de no poder cumplir con eficiencia nuestra función de tutelar los derechos de los que son titulares los ciudadanos, tal y como debe hacer el Poder Judicial.

P.: La Sala se queda con 25 magistrados en abril, su mínimo legal, ¿Qué ocurriría si hubiera otra baja sobrevenida?

R.: Los magistrados de otras secciones pasarían a completar la sala de enjuiciamiento, pero sólo podrían hacerlo a afectos de deliberación. Intentaríamos que siguiera funcionando, pero hay que tener en cuenta que eso afectaría al rendimiento de la sección del magistrado de refuerzo, a los asuntos pendientes.

Así que ante eso sólo hay dos posibilidades, o reducir el número de sentencias, o rebajar la calidad de la respuesta. Y en ningún caso estamos dispuestos a renunciar a la calidad, no lo vamos a hacer de ninguna de las maneras. El Tribunal Supremo es el que crea jurisprudencia y sienta las bases, así que la perjudicada será la cantidad de sentencias.

P.: La Sala de lo Contencioso está recibiendo demandas relacionadas con las medidas contra el Covid, ¿de qué números estamos hablando?

R.: Hablamos de demandas de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno que se han denegado o a las que no se ha respondido. De momento han llegado unas cien, pero estimamos que puedan llegar 5.000 recursos de este tipo este año, y sólo son las relacionadas con el primer estado de alarma.

5.000 es una estimación, porque cuando la Administración no contesta, el ciudadano no tiene plazo para recurrir, así que es mucho más difícil hacer cálculos sobre las cifras y sobre el momento en que llegarán.

Hay que tener en cuenta que en 2021 llegaron a esta Sala 9.000 asuntos de casación sobre todo tipo de temas. Así que a esos 9.000 habrá que sumar precisamente otros 5.000 y además ocurrirá con una Sala mermada.

P.: ¿Y quién interpone esos recursos? ¿A qué corresponden? ¿Hablamos de las multas durante el primer confinamiento?

R.: Son los ciudadanos que se han sentido perjudicados por las medidas contra el Covid, por ejemplo hosteleros o comercio minorista... No hablamos de las multas del confinamiento que no nos llegan a nosotros, ni de las reclamaciones de los sanitarios, que competen a la Sala de lo Social, la IV.

P.: La Sala de lo Contencioso ha tomado mucho protagonismo durante la pandemia, ¿se ha notado en cifras?

R.: En realidad, el aumento ha sido constante desde que se reformó el recurso de casación en 2016. En 2017 entraron 7.000 recursos. Ya en 2020, fueron 8.500, y en 2021 9.000. Siempre ha ido a más y sólo hablamos de los de casación. En total, en esta Sala se vieron 10.500 asuntos el año pasado. A ver qué ocurre con 2022.

Hasta ahora, en la primera parte de la pandemia, la sección cuarta ha controlado las decisiones de las CCAA, como los confinamientos perimetrales o la validez de los pasaportes Covid, y ha cumplido perfectamente.

Ahora nos enfrentamos con una avalancha, y se intentará volver a cumplir, pero estamos ante un problema. No nos damos cuenta de la importancia de lo Contencioso Administrativo, ejerce la función de control al Poder Público, a las decisiones del Gobierno, y eso es fundamental.

P.: Con el Poder Judicial en funciones desde hace tres años y sin poder nombrar jueces, ¿Qué soluciones se plantean?

R.: La solución al bloqueo no está en nuestra mano y, con esa norma legal que impide nombrar jueces, hemos intentando adelantarnos a la situación para que, ante la menor disponibilidad de medios, podamos dar algún tipo de respuesta.

Nos enfrentamos a tres problemas y hemos optado por tres soluciones (ya se han aprobado por parte de la Sala de Gobierno), una respuesta es organizativa, otra supone pedir una reforma legal, y la tercera es de refuerzo de secretarías.

La solución organizativa supone que un magistrado de cada una de las secciones donde ahora mismo hay seis, pasen a las que se quedan con cuatro, de esa forma, cada sección tendrá sus cinco jueces necesarios.

La reforma legal supone agilizar las respuestas a muchos asuntos repetitivos que además llegan con argumentos idénticos. Se paralizarían los recursos en los tribunales de instancia hasta que el Supremo diera una respuesta a esos temas. Reduciríamos la litigiosidad y podríamos dar una respuesta con la misma calidad, pero mucho más rápida, porque además no sería necesaria la tramitación administrativa de todos ellos. De esa forma, se daría certidumbre a los ciudadanos y también a los tribunales de instancia.

Las medidas de refuerzo incluyen la creación de una nueva secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y la creación de tres plazas de letrados coordinadores del Gabinete Técnico. Esta medida está pensada para responder a las demandas de responsabilidad patrimonial.

P.: ¿Y qué recorrido tienen estos cambios?

R.: El plan irá al CGPJ, que trasladará nuestras solicitudes. Las que necesitan del apoyo del ministerio de justicia, esperamos que tengan una respuesta positiva, tanto a la hora de promover una reforma legal como a la de poner en marcha soluciones organizativas, estoy convencido de que el Ministerio de Justicia será receptivo.

P.: ¿Y confía en que el Congreso apruebe una reforma legal para agilizar los recursos?

R.: Yo confío, tengo que confiar. Entienda que tengo responsabilidades en uno de los poderes del estado así que pienso que las instituciones de este país pueden funcionar. No se puede ser parte de ellas y verlo de otra manera.

P.: ¿Confía a pesar del bloqueo para la renovación del Poder Judicial?

R.: Sí. Está claro que esa congelación es en gran parte el origen del problema, a lo mejor no todo, pero sí una gran parte. Que estemos con 8 magistrados menos no tiene otra explicación que esa paralización. Pero son cuestiones en las que nosotros no tenemos nada que hacer.

P.: En la próxima reunión de la Sala de Gobierno del Supremo se verá la situación general del tribunal y del resto de salas, ¿sabe usted cómo están?.

R.: Hay salas en situación muy delicada, pero las más afectadas ahora mismo son la tercera y la cuarta, la de lo Social, a la que llegan los asuntos laborales, muchos de ellos también derivados del Covid.