Una indemnización de transición en un pago único correspondiente a 46 días de su sueldo: esa es la cuantía que podrán percibir los 213 diputados que dejarán de serlo a partir del próximo martes a las 00.00 horas, cuando se disuelve el Congreso.

Son, concretamente, los 213 parlamentarios que no forman parte de la Diputación Permanente, –el único órgano de la Cámara que seguirá existiendo hasta la constitución del nuevo Congreso que se formará tras las elecciones del 10 de noviembre–, quienes tienen la opción de beneficiarse de la indemnización. Indemnización que deberán solicitar expresamente, es incompatible con cualquier otro ingreso, se abona en un solo pago y tributa a Hacienda.

Esta indemnización corresponde a la retribución que cobrarían los diputados de seguir en activo durante los 46 días que median entre la disolución y el día de reflexión y, según ha confirmado la Mesa del Congreso, incluye la parte proporcional de la denominada retribución constitucional (2.981,86 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (917,03 euros para los de Madrid y 1.921,20 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.

Teniendo en cuenta esas retribuciones, la cuantía que percibirán oscila entre los 6.000 euros que como máximo percibirán los diputados de Madrid y los más de 7.200 euros que podrán cobrar los electos de otras provincias.

Al disolverse las Cortes tras la convocatoria de los comicios generales del 28A, el pasado marzo fueron 216 los diputados que pidieron y cobraron su indemnización. Tan solo cinco renunciaron a percibirla. Y en el Senado solo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentario renunciaron a los 8.822,52 euros fijados para la Cámara Alta en ese momento.

En el contexto de una España abocada a las cuartas elecciones generales en tan solo cuatro años, la crispación de los ciudadanos, hartos de votar a unos políticos incapaces de llegar a soluciones y acuerdos, han trasladado su frustración en las redes y han denunciado este tipo de indemnizaciones promoviendo una campaña en Change.Org bajo el título ‘Doputados, si NO curráis ¡No cobráis!: renunciad a vuestra indemnización’. Una propuesta que ya cuenta con el respaldo de más de medio millón de firmas.

Una vez publicado el decreto de disolución del Congreso, solo mantendrán la condición de parlamentario y el sueldo los 137 diputados que integran la Diputación Permanente.

Estos últimos continuarán siendo diputados hasta que se constituye el nuevo Congreso, lo que tendrá que suceder en los 25 días posteriores a la votación. Es decir, como muy tarde a principios de diciembre, aunque la fecha exacta se conocerá cuando se haga público el decreto de disolución.

Celebrado el 10N, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.981,86 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

Por este concepto el Congreso todavía está pagando indemnizaciones a una veintena de diputados que cesaron al finalizar la XII Legislatura, algunos de los cuales aún la cobrarán durante un año o más, como es el caso de los 'populares' Teófilo de Luis, Ramón Aguirre, José María Chiquillo, Ramón Moreno o los convergentes Carles Campuzano y Jordi Xuclà. También se acogió a esta denominada 'indemnización por cese' el exdiregente de Ciudadanos Toni Roldá, que dejó el partido y el escaño el pasado mes de junio y al que se le concedió para cuatro meses, ya casi agotados.