Los partidos y coaliciones recibirán 14.817,35 euros por cada escaño del Congreso y del Senado que logren en las elecciones generales del 10 de noviembre, una cantidad menor que la que se abonó en los comicios del pasado 28 de abril porque la repetición electoral ha rebajado en un 30% las subvenciones del Estado. En concreto, se pagarán 6.350,29 euros menos que en los comicios del pasado mes de abril, cuando se abonaron 21.167,64 euros por cada sillón en el Parlamento.

Según recordaba el Ministerio de Hacienda en la orden ministerial que fijó las cantidades de las subvenciones electorales, los comicios del 10 de noviembre se rigen por la disposición de la LOREG para casos de repetición de elecciones por falta de investidura y conllevan una reducción tanto de las subvenciones como del límite de gasto que deben cumplir los partidos.

Asimismo, por cada voto cosechado para el Congreso, siempre que se haya obtenido representación parlamentaria, se abonarán 57 céntimos de euro y no los 81 céntimos de hace seis meses. Igualmente, por cada papeleta en el Senado la subvención será de 22 céntimos, diez céntimos menos que el 28 de abril, según la orden ministerial recogida por Europa Press.

La rebaja aumentó al 50% en lo relativo al límite de gasto de los partidos, máxime cuando la campaña solo ha durado ocho días y no los 15 habituales. En esta ocasión, el tope de gasto ha sido el equivalente a multiplicar por 19 céntimos el número de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partidos o coalición (en abril fue de 37 céntimos).

Para los partidos y coaliciones que se presenten en todas las provincias, ese límite de gasto ha rondado los siete millones de euros, cuando en las elecciones generales de abril pudieron gastar hasta 13,7 millones.

El Tribunal de Cuentas será el encargado de revisar si los partidos han respetado ese límite de gasto y, en caso de detectar excesos al margen de la ley, puede instar al Ministerio del Interior a reducir o incluso congelar las subvenciones electorales que les iban a corresponder.

Lo único que no varía con respecto a los comicios de abril es la subvención por gastos de envío directo, por la que el Estado abonará a los partidos 21 céntimos por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que después logre formar grupo parlamentario propio en una u otra cámara.

Esta cantidad es tres céntimos superior a la abonada en 2016, cuando el PSOE, que estaba en la oposición, pidió recortarla y el PP que entonces ocupaba el Gobierno, prefirió dejarlo como estaba. Tanto Ciudadanos como Podemos volvieron a reclamar en estos comicios un envío conjunto de propaganda, pero, al igual que hace seis meses, la idea fue rechazada por los partidos mayoritarios.

Además, los 350 diputados que resulten elegidos cobrarán un mínimo mensual de 3800 euros, podrán estrenar una tableta, modelo iPad, y dispondrán también de un móvil iPhone, tendrán que declarar su patrimonio y deberán rellenar además una relación de sus intereses particulares y profesionales, especificando de qué empresas venían cobrando hasta ahora.

Los nuevos dueños de los escaños del Congreso cobrarán su primer sueldo a finales de diciembre, el mes de la sesión constitutiva de la Cámara, prevista para el 3 de diciembre, en la que tomarán formalmente posesión de su cargo al jurar o prometer la Constitución. Pero en esa primera nómina se incluirá además la parte proporcional del sueldo correspondiente a los días que median entre el 11 y el 30 de noviembre.

La asignación básica será de 2.972,94 euros brutos al mes, igual para todos los diputados, a la que se suman complementos en función de su papel en la Cámara y una indemnización neta (sin impuestos) por gastos derivados de su actividad parlamentaria en la capital: 917.03 euros al mes para los electos por Madrid y 1.921,20 euros para el resto.

Estas cantidades fueron aprobadas por la Mesa del Congreso el pasado mes de enero, después de que la Cámara convalidara el decreto ley por el que el Gobierno aprobó la subida del sueldo de los funcionarios. Las retribuciones de los parlamentarios se fijan en los Presupuestos de la Cámara, pero aumentan o disminuyen igual que las de los trabajadores de la Administración General del Estado.

Dado que el Gobierno optó por subir el sueldo de los empleados públicos por decreto antes de intentar tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, el Congreso decidió aplicar ese incremento a los diputados sin esperar a que el proyecto presupuestario viera la luz. En realidad esos Presupuestos no llegaron ni a tramitarse por falta de apoyos, pero la subida salarial decidida en enero para los diputados y el personal de la Cámara se mantuvo.

Además del citado 'salario base', y las indemnizaciones para gastos de representación podrán recibir una serie de complementos para gastos de representación y de libre disposición en función del cargo parlamentario que desempeñen.

Los máximos son los que perciben los portavoces de los grupos parlamentarios (2.819,97 euros al mes) y los cuatro vicepresidentes de la Cámara (3.060,92), hasta llegar a los 9.651,04 euros extra que se reservan a la Presidencia de la Cámara.

El Congreso cubrirá además los gastos de transporte de los diputados abonando directamente el precio del billete a la empresa transportista, a no ser que los parlamentarios utilicen su propio vehículo, para lo que se les abonarán 0,25 euros por kilómetro siempre que el desplazamiento esté debidamente justificado.

BONO TAXI DE 3.000 EUROS AL AÑO

Los que no tengan coche oficial tendrán a su disposición, como viene ocurriendo desde el año 2006, una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales.

Los diputados que ya tenían escaño y logren renovarlo podrán seguir utilizando los teléfonos iPhone que tenían en la anterior legislatura y los nuevos también recibirán sus correspondientes terminales.

El paquete tecnológico que la Cámara pone a disposición de los diputados se completa con una tableta iPad que, en este caso, serán nuevas para todas sus señorías. Los elegidos en las elecciones del 28 de abril no llegaron a recibir las tabletas que les correspondían y finalmente se estrenarán en la nueva legislatura.

La empresa Asseco Spain, socio de negocio de Apple para el segmento empresarial y corporativo, se hizo con el concurso convocado por el Congreso para comprar esos iPad por un importe de 504.673 euros. Cada uno de estos aparatos ronda en el mercado los 1.000 euros.

Asimismo, los diputados elegidos el domingo tendrán que cumplir el Código Ético que se aplicó por primera vez en la frustrada legislatura. Esto implica que, además de presentar las dos declaraciones que ya se exigen al acreditarse en el Congreso, una sobre bienes y patrimonio y otra de actividades, tendrán que adjuntar una tercera declaración de "intereses económicos".

TÍTULOS ACADÉMICOS Y REUNIONES CON 'LOBBIES'

En ese escrito, que será público en la web del Congreso al igual que las otras dos declaraciones, tendrán que detallar las actividades privadas que le han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el periodo, el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado, así como las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales, que pudieran reflejar algún tipo de interés económico.

Además, los diputados tendrán que tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de un conflicto de intereses que pueda "poner en duda su objetividad e independencia" y, si no se puede resolver, deberá comunicarlo antes del debate y votación del punto que le afecte, lo que abre la puerta a su inhibición.

El nuevo código también les obliga a rechazar "obsequios o beneficios que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta".

En la página web de la Cámara se publicará una breve reseña de los datos biográficos académicos de sus señorías y se podrán consultar todos los títulos, datos y archivos que el parlamentario considere relevantes. También tendrán que hacer pública su agenda institucional incluidas sus reuniones con 'lobbies'.