El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana el ingreso mínimo vital

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana el Ingreso Mínimo Vital , según ha confirmado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una medida que ya había avanzado el pasado lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. "Es una medida histórica para que nadie se quede atrás", ha manifestado este sábado el presidente del Ejecutivo durante su comparecencia en rueda de prensa telemática desde La Moncloa.

Sánchez ha explicado que será una prestación "habitual y permanente, que ya existe en otros países de Europa, para reducir la tasa de pobreza". La cuantía del IMV dependerá del número de miembros de cada hogar y empezará a cobrarse el próximo mes de junio. El Gobierno prevé que llegue a un millón de hogares y será una prestación de la Seguridad Social, según ha indicado Sánchez.

Para el presidente del Gobierno, "es vital frenar y reducir la pobreza, especialmente la pobreza infantil". "El Gobierno no va a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer", ha sentenciado.

Un 18% de los beneficiarios del ingreso mínimo serán extranjeros

El Gobierno calcula que un 18% del millón previsto de beneficiarios del IVM serán extranjeros, es decir, unos 150.000 hogares, según fuentes parlamentarias. Estos beneficiarios serán, en todo caso, extranjeros que tengan residencia legal en España durante al menos un año antes de la presentación de la solicitud, tal y como ha previsto el Ejecutivo, que no contempla esta prestación para las personas en situación irregular en España, pese a la petición de muchas ONG de que también puedan ser perceptores de esta prestación.

En todo caso, el ministerio de Igualdad prevé que puedan acceder a la prestación mujeres víctimas de trata y explotación sexual, independientemente de su situación administrativa, un extremo que no ha sido confirmado por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ejecutivo focaliza la medida en un millón de hogares que en este momento no tienen ingresos (datos del INE), y de forma urgente, serán 100.000 hogares monoparentales (de 90 a 100.000 hogares). Las rentas básicas de las comunidades autónomas serán complementarias y subsidiarias. En la actualidad, según señalan, las comunidades autónomas, con sus rentas básicas, dan respuesta a unas 300.000 familias en situación de extrema pobreza, mientras que con el IVM se va a llegar a 800.000 familias.

El IVM contiene un diseño de incentivos para la incorporación del mayor número de beneficiarios en el mercado laboral y se hará seguimiento del cumplimiento de los objetivos teniendo en cuenta los itinerarios que diseñen las autonomías en Conferencia Sectorial.

Los ayuntamientos tendrán un papel ejecutor y, por ello, a los efectos de tener en cuenta el peso que van a tener en cuanto a necesitar más recursos humanos es posible que se les permita elevar la regla de gasto, según señalan estas fuentes. Los perceptores serán menores de 65 años y mayores de 23, aunque existe la posibilidad de que sea a partir de 21 años, o de 18 años si tienen hijos.

Para calcular si se puede optar al IVM se tendrá en cuenta la renta (rendimientos capital mobiliario, inmobiliario, pensiones no contributivas contributivas) y el patrimonio (con un máximo de 330.000 euros), pero no computará la vivienda habitual ni las subvenciones finalistas. Los beneficiarios están obligados a realizar la declaración del IRPF. Además, se tendrán en cuenta las pensiones de alimentos.

Como ya se ha adelantado, la cuantía para un hogar formado por un adulto sería de 461,53 euros y se iría incrementando en función de los miembros en adultos y en menores, así como un complemento en familias monoparentales.

Prestación de la Seguridad Social

El ingreso mínimo se articula como una prestación de Seguridad Social, que será la que efectuará el reconocimiento y el abono de la prestación, pero se trabaja en un acuerdo con las CCAA, los ayuntamientos y el Tercer Sector para que puedan ser receptores de la solicitud, que deberá resolverse en tres meses. El silencio administrativo será negativo.

Se establecerán cinco canales de solicitud: ayuntamientos, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), comunidades autónomas, Tercer Sector, y una aplicación telemática. La solicitud se acompañará de una declaración responsable que deberá ser verificada por la Seguridad Social posteriormente. Aunque los trabajadores receptores de la solicitud no tendrán que ser trabajadores sociales, sí tendrán que tener esta condición los que tengan que ejecutar el seguimiento de los itinerarios.

En estos momentos, según explican las mismas fuentes se trabaja, con respeto a la Ley de Protección de Datos, para detectar aquellos casos que son urgentes, que se estiman en unos 100.000, a los que se les podría otorgar de oficio la prestación, dado que hay muchas familias que no saben dónde tiene que acudir. El ingreso mínimo vital será un pago mensual y se recibirá al mes siguiente de la solicitud.