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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han realizado una rueda de prensa conjunta por la crisis del coronavirus que afecta a la comunidad, la más afectada por el COVID-19 en toda España.
Díaz Ayuso ha declarado que ante la pregunta que le hace todo el mundo sobre el cierre de Madrid, se ha referido a sus competencias, asegurando que "no cerramos Madrid porque no tenemos competencias"
Ayuso, ha desvelado que esta misma tarde ha hablado por teléfono con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha asegurado que no le ha comunicado si tomará decisiones respecto a la autonomía, tras decretar el estado de alarma.
"Yo no puedo esperar a que anuncien que van a anunciar, yo tengo que seguir tomando medidas como llevo haciendo estos días porque los ciudadanos necesitan certidumbres, saber cómo moverse, saber cómo actuar y saber qué tienen encima", ha indicado. Así mismo, ha hecho un llamamiento al gobierno central para que les faciliten el material necesario para poder atender a los enfermos.
Ayuso también ha hecho un llamamiento a los madrileños para que se queden en casa: "rogamos a los madrileños a no salir de casa", es la única medida que tenemos para frenar esta pandemia.
La presidenta ha declarado el nivel 2 de protección civil, una medida que unifica en un mando único las emergencias, policía y protección civil. Al igual que ha destacado que todos los funcionarios harán teletrabajo.
Durante la tarde del viernes la Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de los establecimientos de la autonomía excepto, entre otros, los de alimentación, las farmacias, los estancos y gasolineras desde este sábado para frenar el contagio, aunque permitirá que restaurantes y bares puedan repartir comida a domicilio.
Esta medida afecta a cines, discotecas, restaurantes, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de atracciones, gimnasios y bares de copas. Esta medida, tiene carácter provisional y, de momento, estará vigente hasta el 26 de marzo. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno, convocado de manera extraordinaria, y tras trasladárselo en una reunión previa tanto a empresarios como a sindicatos.