El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso planteado por Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial avalando así las exhumaciones en el Valle de los Caídos, renombrado como el Valle de Cuelgamuros. En el auto se desestiman los recursos que habían interpuesto la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, si bien cabe contra la resolución un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS).

Este fallo anula la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid del 29 de septiembre de 2023, que revocó la licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros. Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que las exhumaciones en las criptas del Valle de Cuelgamuros "continúan".

"El TSJM falla en contra de quienes desde el principio han intentado paralizar estos trabajos: Fundación Francisco Franco y organizaciones de extrema derecha", ha escrito Torres en la red social X, asegurando que es una "gran noticia para los familiares de víctimas, para la reparación y para la Memoria Democrática".

Precisamente el 29 de septiembre de 2023 el juzgado de lo Contencioso-Aministrativo número 10 de Madrid anuló la licencia de obras después de que en junio de ese mismo año el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil para dar cumplimiento a Ley de Memoria Democrática.

La primera resolución judicial que reconoció a los descendientes represaliados por la dictadura el derecho a recuperar los restos de sus familiares fallecidos en el Valle de Cuelgamuros data de 2016, el mismo año en el que los descendientes de los hermanos Lapeña -fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al antiguo Valle de los Caídos- consiguieron que el Juzgado de San Lorenzo del Escorial reconociera el derecho a una "sepultura digna" para los hermanos y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.

Sin embargo, y pese a la firmeza de la resolución, el abogado de la familia, Eduardo Ranz, denunció ya en 2023 el incumplimiento por parte del Gobierno de dicho auto. Tras el nuevo fallo del TSJM, Ranz manifestó a través de un comunicado que se trata de "un error más" que sufren las víctimas del franquismo. Al hilo, recriminó que la realidad es que llevan esperando nueve años el "legítimo derecho de la familia Lapeña y el resto, a recuperar a sus familiares".

Y hay otra noticia relevante en este asunto. El Gobierno ha acordado con el Vaticano resignificar el Valle de Cuelgamuros, pero sin expulsar a los monjes benedictinos que residen allí y gestionan actualmente la abadía, la hospedería y la escolanía, según han confirmado a EFE fuentes del Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica, lleva tiempo hablando sobre la resignificación del Valle que recoge la ley de memoria democrática con representantes de la Nunciatura vaticana, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid.

Ahora, el Gobierno y el Vaticano han pactado que esta resignificación del monumento no implique la salida de los monjes benedictinos, algo que el Ejecutivo daba prácticamente por hecho en un inicio pero que planteó como línea roja el arzobispo de Madrid, José Cobo, en su toma de posesión en 2023. Recientemente, el prior de la abadía, Santiago Cantera, ha sido relevado en su cargo tras cumplir el máximo de su mandato, pero el propio Bolaños desveló que el Gobierno había trasladado a la Iglesia la necesidad de que un prior "ajeno a los valores democráticos y nostálgico del franquismo" saliera de ese enclave.

Tras el acuerdo, los monjes benedictinos podrán seguir residiendo en el Valle de Cuelgamuros y, al mismo tiempo, seguirá adelante el proceso de resignificación para convertir este enclave en un centro de interpretación que fomente los valores constitucionales y democráticos. El objetivo es explicar a la ciudadanía las circunstancias de la construcción de este monumento franquista, que alberga la mayor fosa común de España, con más de 33.000 cuerpos traídos de distintos puntos de España tras la Guerra Civil. Para ello, el Gobierno tiene previsto convocar próximamente un concurso arquitectónico internacional en el que está implicada una Comisión Interministerial con nueve ministros cuyos departamentos están involucrados en esta resignificación del Valle. Además, está pendiente la aprobación por parte del Gobierno de un real decreto que establezca el marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros y determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, también en aplicación de la ley de memoria democrática. Este real decreto hará efectiva la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, encargada originalmente de la gestión del Valle, lo que en su momento hacía peligrar la permanencia de los monjes benedictinos.

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