El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acordado este miércoles interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería acordada entre el Ejecutivo y Junts sobre los criterios de derivación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno ha dado la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, que obliga a reubicar 4.400 menores inmigrantes llegados a Canarias y Ceuta, y limita a una treintena los que acogerá Cataluña.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha denunciado que la Comunidad de Madrid no va a seguir "tolerando" este reparto "discrecional" acordado con Junts, que tiene "el único propósito de conseguir los siete votos para mantenerse en la Moncloa".

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe en el que señala que el decreto es "inconstitucional" al infringir varios preceptos de la Carta Magna de 1978, e invadir las competencias "exclusivas" del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un migrante menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Además, subraya que el decreto "es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones", ya que la aplicación de los criterios de reparto "carece de justificación y se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas".

La Comunidad de Madrid considera que se vulneran los derechos fundamentales de los menores, "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia", así como el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, puesto que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados.

Asimismo, argumenta que la modificación debería haberse realizado mediante ley orgánica, en lugar de sido utilizar la figura del Real Decreto ley, al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución Española), además de que exige "la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas", cuando el propio decreto reconoce que el problema existe desde hace al menos ocho años.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y a un total de 937 en 2025. 

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