El PSOE ha aceptado este lunes tramitar en el Congreso una proposición de ley de Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas, pues asume que el marco jurídico "es susceptible de mejora", pero también ha anunciado que añadirán enmiendas al texto de los independentistas porque sostienen que "los datos no corroboran" la situación de alarma que denuncian.

Ha sido este martes durante el debate para la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por los de Carles Puigdemont donde la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha reivindicado la reforma legal como una "cuestión de justicia" para hacer frente a un problema, que según ha dicho, está "en aumento" y choca con el derecho básico de tener acceso a una vivienda digna.

Ante esto, el PSOE ha criticado la iniciativa lamentando que, según ha dicho el diputado socialista Pedro Hita, desde la "derecha y la ultraderecha" no hagan más que "meter miedo" con este tema cuando "los datos no corroboran para nada esta situación".

Asimismo, ha recordado a los diputados de Junts que tanto el delito de allanamiento de morada como el de usurpación de vivienda ya están castigados por el Código Penal y conllevan penas de hasta cuatro y dos años de cárcel respectivamente. "El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar la mal denominada ocupación ilegal de viviendas", ha incidido aunque posteriormente ha asumido que este marco jurídico "evidentemente es susceptible de mejora".

En nombre de Sumar ha intervenido el diputado Gerardo Pisarello quien ha acusado a Junts de intentar promover un "capitalismo tramposo y mafioso" que lo que hace es "romper la sociedad" e "hipotecar el futuro de los jóvenes y las clases trabajadoras", entre otras cosas, haciendo cree que el principal problema social de este país es que los "pobres ocupen casas de otros pobres".

Desde ERC y Bildu, los diputados Etna Estrems y Oskar Matute, respectivamente, han criticado que con esta iniciativa lo que se busque realmente sea "generar miedo en la población" cuando se trata de un problema "sobredimensionado" por parte de las formaciones de la derecha cuando las verdaderas "bandas organizadas" son los "consejos de administración de los bancos". "El problema realmente es la falta de vivienda y que más de la mitad de las personas que pagan un alquiler estén en riesgo de pobreza", ha denunciado Matute.

A favor de la iniciativa se ha mostrado la diputada del PP Cristina Agüera, aunque ha aprovechado su turno de palabra para reivindicar la ley anti okupación que pretenden impulsar desde su grupo parlamentario pero que según ha dicho está "bloqueada" por el presidente Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"En ningún otro país de Europa sucede que unos okupas entren en una vivienda que no es suya y que pasan a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios y eso es inaceptable", ha incidido Agüera al tiempo que ha pedido a los socialistas que dejen de decir que este problema es un "bulo" porque, según ha dicho, es una tragedia que viven miles de ciudadanos y miles de familia".

El diputado del PNV Mikel Legarda y la diputada de CC, Cristina Valido, han situado esta tramitación como una buena oportunidad para "profundizar" en este asunto y para poder impulsar una mejora de las "garantías" de los propietarios.

De su parte, el portavoz de Vox de Vivienda, Carlos Hernández ha alertado de que la okupación "no afecta solamente a los propietarios" sino que afecta también a los vecinos porque, según ha dicho, "en los bloques y en los barrios donde hay okupación hay vandalismo, deterioro de zonas comunes y problemas de convivencia".

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