Mahmud Alizadeh Azimi, administrador único de Ziba Talents, empresa que realizaba los pagos al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias por dirigir el programa 'Fort Apache' en el canal Hispan TV, ha informado al juez de la Audiencia Nacional de que no guarda ninguna factura emitida por el también fundador de la formación 'morada' que corresponda a 2015.

Así consta un certificado, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido presentado en el marco de la causa en la que se indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos.

"Habida cuenta de que las facturas reclamadas por medio del oficio librado por el juzgado lo son del año 2015, esto es, ampliamente superado el plazo de seis años previsto en el artículo 30 del Código de Comercio como de obligatoria custodia para el empresario de los documentos contables, es que Ziba Talents no guarda ya la contabilidad del ejercicio 2015 y, por tanto, las facturas que en su día, y durante ese ejercicio social, hubiera podido emitir Pablo Iglesias a Global Media", reza el certificado.

Precisamente hace un mes, esta misma empresa aportó al juez Santiago Pedraz seis facturas emitidas por Iglesias para la realización del espacio de análisis político correspondientes a 2016.

Fuentes jurídicas señalaron entonces a esta agencia de noticias que Podemos solicitó esta diligencia, acordada posteriormente por el magistrado, para indagar en el origen de determinadas filtraciones a prensa que se produjeron en esas fechas y que buscaban dar una imagen negativa o desfavorecedora de la formación 'morada'.

Las seis facturas aportadas de 2016 ascendían a un total de 12.600 euros. Mahmud Alizadeh Azimi señalaba entonces que en 2016 la empresa se denominaba 360 Global Media y que la contabilidad estaba a cargo de una persona denominada Natalia Carrascosa y de la mercantil externa Asesoría la Iglesuela SL.

Las fuentes jurídicas consultadas añadieron que la formación dirigida por Ione Belarra solicitó tras tener conocimiento de las de 2016 una ampliación de esta diligencia de manera que la empresa aportara también facturas de 2015, que pudieron ser las que la cúpula policial habría filtrado a la prensa apuntando a una posible financiación iraní del partido.

Ahora, Ziba Talents dice que no tiene esas facturas y que la contabilidad de 2015 la llevaba Natalia Carrascosa --"se encargaba del procesamiento y registro de los datos contables y causó baja en la empresa el día 11 de julio de 2018"-- y Mónica Castillo Lipperheide, de la firma profesional Studios Tax & Law, "empresa externa que se encargaba de consolidar la contabilidad y documentar las obligaciones fiscales de Global Media".

Cabe recordar que Carrascosa fue citada como testigo por el juez dado que la formación 'morada' reseña que era apoderada de 360 Global Media y podría arrojar luz sobre la recopilación de información para la elaboración del 'Informe PISA'.

En su testifical, celebrada el pasado 4 de marzo, Carrascosa indicó ante Pedraz que durante un año alguien que se identificó como del CNI estuvo investigando su empresa.

Subrayó que esa persona, que dijo ser del servicio secreto español estuvo analizando los pagos que efectuaba la empresa buscando posiblemente algún indicio de la existencia de un blanqueo de capitales.

Al hilo, la gerente, aseveró que todo lo que facturaba la empresa eran trabajos realizados, e incidió en que ese agente en ningún caso se habría centrado en Iglesias y sí en la figura de Mahmud Alizadeh Azimi, CEO manager de esa empresa.

Carrascosa dio el detalle de que, incluso, ese presunto agente del CNI llegó a presentarse en su domicilio, que se veían en los alrededores de la empresa, y que se interesó por la procedencia y legalidad del dinero que entraba en Global Media 360.

Podemos presentó una querella ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, el partido morado aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación fundada por el exvicepresidente Pablo Iglesias apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

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