Oriana Elisset Aciego, una de las presuntas testaferros de la trama que investiga la Audiencia Nacional por dedicarse, indiciariamente, a defraudar el IVA en el sector de hidrocarburos, ha señalado este viernes ante el juez que ella era la administradora de la empresa investigada Canary Island Fuel Company SL y que no liquidaban ese impuesto porque una asesoría les dijo que en Canarias no debían hacerlo.

Así se ha pronunciado en respuesta a preguntas de su abogado --se ha negado a responder al resto de partes-- al que ha explicado que su empresa era suministradora y que si bien empezaron a liquidar el IVA, tuvieron dudas de si debían abonarlo y tras una consulta a la asesoría Alfis --ha recordado el nombre del consultor Pedro Dávila-- vieron que no les correspondía ningún impuesto, ni el IVA ni el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por estar en Canarias.

Así, a su letrado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, le ha señalado que no habría existido perjuicio para la Hacienda Pública y que en todo caso, los únicos perjudicados habrían sido determinados clientes porque abonaron las primeras facturas, antes de la consulta, con IVA.

Cabe recordar que Elisett figura en el sumario de la causa como administradora de esa mercantil, y según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "desarrollaba funciones de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil".

En el día de hoy también ha comparecido otro de los presuntos testaferros, Félix Aparicio, que se ha acogido a su derecho como investigado a no declarar. Aparicio figura como administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, y habría sido presuntamente introducido en la trama por el investigado Luis Alberto Escolano. "Ahora si por fin me uno a vuestra familia", le habría escrito Aparicio a Escolano en un mensaje en octubre de 2021.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que el pasado miércoles decalarara el presunto cerebro del supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos perpetrado a través de Villafuel, Francisco Javier Cillán. Éste sostuvo que él era un mero administrativo y que seguía órdenes de una de las supuestas cabecillas, María Luisa Rivas, y de otro de los acusados, Pedro Antonio Marín.

Fuentes jurídicas precisaron a Europa Press que, en su declaración como acusado ante el juez Santiago Pedraz, Cillán negó ser el ideólogo del fraude cuantificado por la Guardia Civil en 231.727.536,51 euros, y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

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