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El Gobierno no va a ceder el control de fronteras a Cataluña con la “delegación de competencias sobre inmigración”. Así lo ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que precisa, no obstante, que la Generalitat sí podrá ejecutar o proponer expulsiones.
"Diferenciaría dos tipos de situaciones. En aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de Extranjería, podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país. En ese caso es uno de los supuestos”, ha dicho, indicando que, otro de los supuestos sería para aquellos “en los que se requiera un expediente”, en los que “la Generalitat podrá proponer", como ha concretado.
Más allá, Elma Saiz también ha recalcado que se está hablando de una “delegación de competencias” que se contempla en la Constitución. "Es una proposición que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano", ha defendido, aclarando cuestiones al respecto del pacto alcanzado entre Junts y el PSOE en el marco de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha querido "poner contexto" a esta situación y ha destacado que Cataluña "es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras".
De este modo, ha apuntado que el 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 25,1% tienen origen extranjero.
Sobre ello, además ha destacado que “hay una voluntad política y hay una voluntad de la sociedad catalana, tradicionalmente, desde hace muchos años".
"Nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación, de esa comisión interdepartamental en materia migratoria. Además, en materia de política migratoria, es muy importante el papel que tienen las administraciones más cercanas, las entidades locales, las administraciones autonómicas, como la Generalitat, más cercanas al territorio, que conocen esta realidad social y que asumen una importante responsabilidad", ha manifestado, coincidiendo en este punto con lo que ha expresado Carles Puigdemont durante su discurso tras el acuerdo, en el que además de reivindicarlo ha recalcado que la gestión de esta competencia “no solo implicará a la Generalitat”, sino “también a los Ayuntamientos, porque cuanto más proximidad haya, más eficaz será la respuesta”.
Al respecto, la ministra Elma Saiz también ha puntualizado que si otra comunidad autónoma solicitara esta delegación se estudiaría "con rigor", recalcando que la norma garantiza el respeto a los derechos humanos.
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