Los consejeros de las comunidades autónomas del PP han abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se estaba celebrando este miércoles y en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado su propuesta para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas, alegando que es un acuerdo bilateral con una formación independentista.

"Nosotros no vamos a ser cómplices de tantas cesiones y tantos privilegios al independentismo, estamos en contra de la condonación", ha proclamado la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha actuado como portavoz de las regiones del PP junto con la consejera de Andalucía, Carolina España, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

Corgos ha entregado una carta en la que se refleja la postura de los consejeros de comunidades que gobierna el PP y que ratifica su oposición "tajante" a la condonación de la deuda. Entre otras cuestiones reprueban el pacto "bilateral" con ERC, y censuran una decisión que ven "arbitraria". Por todo ello, ratifican que "declinan" votar esta medida.

Y es que los consejeros 'populares' han decidido levantarse de la reunión del CPFF cuando el Ministerio de Hacienda ha sacado el debate de los impuestos a la banca y la cesión parcial de la recaudación a las comunidades autónomas, así como la condonación de la deuda para todas las comunidades.

Cuando llevaban algo más de media hora, las comunidades del PP han salido en bloque del despacho en el que estaban reunidas todas las regiones con el Ministerio de Hacienda, dejando únicamente al Gobierno central y a los consejeros de Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias.

Sin embargo, la condonación de la deuda que ha planteado la ministra de Hacienda a todas las comunidades autónomas saldrá adelante en este CPFF gracias al apoyo de las regiones socialistas, ya que el Gobierno central cuenta en este foro con la mitad de los votos.

Eso sí, este plan para que el Estado asuma 83.000 millones de deuda autonómica posteriormente se convertirá en una ley orgánica, que tendrá que ser validada por el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Hacienda espera que se haga a finales de este año.

Según han informado fuentes de la reunión, el consejero socialista de Castilla-La Mancha también ha expresado su discrepancia con el impuesto a la banca, aunque él sí que ha permanecido en el CPFF. Esas mismas fuentes han señalado que en la mañana de este miércoles ha habido una reunión más técnica en la que se ha empezado a perfilar este 'plante' de las CCAA del PP.

Sobre si creen que el PP se debería sentar a negociar este asunto con el Gobierno, los consejeros 'populares' han aclarado que ellos representan a las comunidades: "Lo que haga luego el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, lo tendrán que decidir en la instancia correspondiente".

Por ello, han adelantado que volverán a pedir un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, mostrándose "dispuestos" a discutir sobre todas las variables a partir de una propuesta que, según han recalcado, debe partir del Gobierno central.

En su papel de portavoz, Corgos ha advertido de que "esto es un punto y final". "No vamos a seguir aceptando trágalas de esta forma", ha avisado, antes de incidir en que "la condonación se ha acordado en otro foro que no es este".

"Es más, el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy no lo ha fijado la ministra de Hacienda, lo ha fijado Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y nos negamos a que nos fije nadie el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha sentenciado.

También ha admitido que no han entrado "en el fondo del asunto". "Nos hemos levantado todos y hemos decidido que no queremos seguir trabajando así. Esto no es construir el Estado de las autonomías y no tiene sentido hablar sobre algo que ya venía negociado de antemano", ha reprochado.

"Nos hemos retirado del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se han empezado a tratar temas que son impropios de este Consejo, porque son temas que han sido objeto de una aprobación en las Cortes, como ha sido la norma que grava los rendimientos bancarios y la cesión parcial de la recaudación a las comunidades o la asunción de deuda por parte de la Administración General del Estado, que debe ser aprobada también por una norma de rango legal", ha relatado.

"No vamos a compartir que se nos traigan temas ya aprobados y ya negociados en otros foros para que simplemente seamos nosotros una comparsa que se dedica a ratificar esos acuerdos o nos dediquemos a discutir de forma estéril entre nosotros algo que ya está acordado en otro foro", ha proseguido en sus reproches el conselleiro de Facenda ante las preguntas de los medios.

Asimismo, ha concluido que "formalmente sigue el Consejo con los cuatro que quedaban". Asegura que no han votado las propuestas , pues "no procede votarse una cosa que ya ha sido votada en las Cortes o que va a tener que ser votada en las cortes como la ley que apruebe la asunción de deuda".

Antes de la reunión del CPFF, el presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó la sesión de control para ratificar la postura de la Xunta. Entre críticas de los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que le afean su "sumisión" a Génova y a su jefe de filas en el PP, Alberto Núñez Feijóo, el mandatario autonómico se ha reafirmado en que la quita de la deuda es "un mal negocio para Galicia".

En concreto, el Gobierno gallego mantiene que la condonación de 4.010 millones solo tendría un impacto económico directo y real de poco más de 40 millones en intereses y supondría a Galicia asumir 597 millones más de deuda. La explicación que da la Xunta es que, aunque la quita reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que "asumir la estatal", que asciende a 1.699 euros por habitante, "por lo que se incrementaría en 220 euros para cada gallego y gallega".

Por ello, Rueda ha remarcado que la prioridad de Galicia no es la quita de una deuda que está en capacidad de asumir, sino la revisión de la financiación autonómica --exige un mínimo de 500 millones adicionales para paliar el déficit de anual que computa la Xunta-- y la actualización de las entregas a cuenta. Si no se actualizan, sostiene la Xunta, la comunidad deja de ingresar 127 millones de euros cada mes.

Además de ratificar el rechazo a la quita de la deuda, la carta entregada por Corgos incluye una serie de peticiones, empezando por la necesidad de "no retrasar más" la reforma del sistema de financiación. En este punto, además de exigir recuperar el "respeto y lealtad institucional" y "condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad", se reclama ampliar el montante económico total del sistema de financiación.

También solicitar la creación de un Fondo Transitorio para paliar la "infrafinanciación que padecen todas las comunidades y ciudades autónomas", apostar por una "verdadera cogobernanza" de los Fondos Next Generation, y "blindar el respeto a la autonomía fiscal" de las CC.AA. Asimismo, se urge a actualizar las entregas a cuenta, solicitan que se mantenga el mecanismo 'Extra-FLA' y la absorción de la deuda generada por los gastos extraordinarios asumidos por la Comunidad Valenciana debido a la DANA.

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