En una nueva sesión del juicio contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por presuntas comisiones fraudulentas durante la compraventa de material sanitario en la pandemia en Madrid, este último ha declarado descargando la responsabilidad sobre el primero. Medina asegura que era Luceño quien tenía trato directo con los distribuidores de mascarillas y quien hizo la oferta al consistorio madrileño. Incluso, asevera que él cerró el precio y decidió la comisión que iban a cobrar: un millón de dólares.

En el juicio, sentado en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito agravado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil, por los que el fiscal Luis Rodríguez Sol solicita una pena de nueve años de prisión para él, Luis Medina ha prestado declaración haciendo distintas puntualizaciones. Entre ellas, ha querido subrayar que dejaron claro a la jefa de compras en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, Elena Collado, que venían a "ayudar a traer mascarillas" y que "en ningún momento habló de gratuidad de ningún tipo" en relación a las posibles comisiones que pudiera surgir si salía bien la operación de compraventa de material sanitario.

A ese respecto, al inicio del interrogatorio, el fiscal le ha preguntado sobre cómo contactó con Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, algo sobre lo que ha manifestado que no recordaba. "Le dejamos claro que veníamos a ayudar a traer mascarillas", ha subrayado, indicando que no le trasladó entonces que tipo de interés tenía en la operación porque "no tenía obligación ni tampoco se le preguntó".

Respecto a las mordidas millonarias que recibieron de la empresa malaya Leno y que en su caso se quedó en un millón de euros, ha detallado que no llegó a ningún pacto previo con su socio porque las comisiones se cierran una vez que se completa la venta.

"No podíamos saberlo. Me plantea una posible distribución de dinero siempre sujeta a un hipotético hasta que hubiera una venta", ha replicado, explicando que solo cobró la comisión de las mascarillas y que "con lo recibido, se dio por satisfecho".

Tras ello, ha explicado que nunca habló con la empresa malaya, el proveedor del material, y que tampoco participó en fijar el precio de las mascarillas. Ante ello, el fiscal le ha reproducido varias conversaciones en las que se habla de los precios sin que éste recordase a que operación se correspondían al tratar con otros compradores.

En una de las llamadas, Luis Medina comentaba que "quieren hacer un favor a Madrid", si bien el investigado ha dicho que no recordaba si se refería en concreto a la operación con el Ayuntamiento de Madrid.

"¿Cuándo usted habla de un precio realista a que se refiere?", le ha preguntado el representante del Ministerio Público, a lo que ha respondido que en aquella época los precios variaban por días y por semanas.

Por su parte, y en su turno, el letrado defensor, el abogado José Antonio Choclán, le ha preguntado sobre una conversación con Elena Collado en la que habla del precio de fábrica de las mascarillas; el audio que fue aportado días antes de que arrancara la vista oral y que según la defensa, excluye la estafa.

"Le digo a cuánto tenemos las mascarillas, a cuánto se venden y a cuánto estaban en el mercado. En ningún momento hablé de gratuidad de ningún tipo. Yo quería ayudar a traer material. Luceño, lejos de apartarse y dejar al Ayuntamiento con los chinos estuvo 24/7 ayudando", ha señalado.

Además, ha insistido en que no participó en fijar los precios y que no habló de comisiones con Elena Collado porque no se sabían. "Mi papel era de facilitador porque puse en común a dos partes. No tuve el papel de Alberto. Mi labor fue de facilicitador", ha asegurado.

Durante la sesión también ha comparecido una inspectora de la Agencia Tributaria (AET) que elaboró un informe económico sobre las irregularidades contables detectadas en Takamaka Invest, sociedad con la que Luceño intentó simular que realizaba las operaciones y otras actividades.

La perito ha detallado que Alberto Luceño cobró en sus propias cuentas las comisiones recibidas por la empresa malaya Leno por la intermediación, "una operación que se realiza de forma personalísima" y no a través de la sociedad Takamaka.

Según las pesquisas, Luceño tributó las comisiones a través de Takamaka Invest, que "no estaba constituida en el momento de la prestación de los servicios ni tampoco del cobro de las comisiones", con el fin de pagar menos al fisco. Al no incluir las ganancias en el IRPF, contrajo una deuda con Hacienda de 1.351.386,24 euros, una cantidad que no ingresó pese haber realizado una declaración complementaria.

Entre tanto, este miércoles declarará ante el tribunal Alberto Luceño, quien afronta una petición fiscal de quince años de prisión por los mismos delitos que se atribuyen a Medina y además otro continuado por falsedad documental y otro delito fiscal.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.