Una inspectora de Hacienda ha confirmado, en el juicio a Alberto Luceño y Luis Medina acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, que el primero incurrió en fraude fiscal, ya que según la investigación que llevó a cabo creó una sociedad para simular que ésta prestó unos servicios que no realizó en realidad, con la intención de tributar menos.

La Audiencia Provincial de Madrid celebra esta martes la sexta sesión del juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, en tres contratos de compraventa de material sanitario en los que se embolsaron seis millones de euros en comisiones.

La sesión ha comenzado con la declaración de una inspectora de Hacienda que ha detallado la investigación que llevaron a cabo sobre la declaración de la Renta de Luceño referida a 2020, y cómo vieron irregularidades porque, en resumen, "creó una nueva sociedad con la finalidad de reducir su tributación al 15 por ciento", en lugar del 43 por ciento que le correspondería.

En concreto, Hacienda detectó tres irregularidades: la realización de registros contables en una sociedad (Takamaka) que todavía no estaba constituida; la creación de cuatro facturas en julio de 2020 en concepto de prestación de servicio y comisiones cobradas sin que la empresa Takamaka realizara ninguna operación; y el envío de una transferencia de fondos procedentes de la empresa Leno (de Malasia) en favor de Takamaka que, en realidad, procedían de la cuenta personal de Luceño.

"La comisión (de los contratos con el Ayuntamiento) se cobra íntegramente en las cuentas de Luceño, y dos meses después comienza a constituir una sociedad" ha dicho la inspectora, que ha dejado claro que ese empresario "simula la sociedad que presta esos servicios con una intencionalidad muy clara, que es reducir la tributación".

Por su parte, un perito de parte de Luceño ha afirmado que según su investigación no hay ni simulación ni engaño y no se da el delito de fraude fiscal.

La Fiscalía solicita una condena total de 15 años de prisión para Luceño y otra de 9 años de cárcel para el aristócrata Luis Medina por el conocido como caso mascarillas.

En concreto acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra Hacienda, en este último caso porque considera que eludió pagar a la Agencia Tributaria 1,3 millones de euros.

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