Jose Luis Ábalos ha acudido a una nueva cita judicial en el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes ha declarado ante el juez por primera vez en calidad de investigado por su posible implicación en el ‘caso Koldo’. Está imputado por cuatro delitos: tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, como informa en el vídeo Ana Verdejo. La Fiscalía Anticorrupción, tras su declaración, ha pedido al juez que instruye el caso, Leopoldo Puente, que le retire el pasaporte y le obligue a comparecer quincenalmente en el juzgado.

Acompañado de sus abogados y vestido de traje azul, el exministro de Transportes ha llegado sobre las 9:33 horas a la sede del Alto Tribunal. Ha entrado al Palacio de las Salesas por la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban desde primera hora decenas de medios de comunicación ante los que ha optado por no hacer declaraciones.

Investigado en el supuesto cobro de comisiones en la contratación de mascarillas durante la pandemia, Ábalos ya lo negó cuando declaró de forma voluntaria el pasado 12 de diciembre ante el juez. Respecto a la supuesta compra de un chalet en Perú con dinero público, también ha respondido: dice que él no tiene ningún chalet, y mucho menos a su nombre.

Este 20 de febrero, en el Alto Tribunal, el también ex secretario de Organización del PSOE se ha ratificado en sus declaraciones.

El exministro de Transportes ha comparecido por segunda vez ante el Tribunal Supremo, ya formalmente como investigado tras el suplicatorio. Aquel 12 de diciembre en que acudió de manera voluntaria, negó cobrar comisiones ilegales por parte del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores políticos o contratos públicos durante su etapa en el Ministerio.

Entonces, respondió a todas las partes a excepción de la acusación popular del PP, y las defensas no preguntaron.

Hoy, la expectación ha sido máxima ante la advertencia previa del magistrado instructor sobre la posibilidad de imponerle medidas cautelares; algo que fue duramente criticado por José Luis Ábalos en su recurso contra su auto, donde cuestionó que buscase indagar en su “vida y obra” con una investigación “amplia y genérica” que se extiende a su hijo.

Tras el aval del Congreso para proceder contra el exministro, el juez acordó una batería de informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos, un informe sobre su situación económico-patrimonial “a la mayor brevedad posible”.

Además, solicitó otro informe de las llamadas que conciernen a Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, con especial referencia a los mensajes que este último pudo haber intercambiado con el exministro, con el ministro Ángel Víctor Torres o con el dirigente del PSOE Santos Cerdán.

Entre tanto, el juez tiene previsto escuchar los testimonios de 17 testigos entre el 25 de febrero y el 5 de marzo.

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