Castigar con cárcel la pornografía no consentida elaborada con inteligencia artificial ('deepfakes'), introducir en el Código Penal las violencias digital y económica como formas de violencias machistas, exigir formación obligatoria a la judicatura y reforzar la protección frente a la violencia vicaria son algunas novedades del nuevo Pacto de Estado.

El nuevo informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que ha tenido acceso EFE y que será sometido a votación el lunes en comisión en el Congreso de los Diputados, incluye 462 medidas que pretenden ser la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España en los próximos cinco años.

Las medidas abarcan la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja; las violencias física, sexual, psicológica, económica, digital, vicaria; el matrimonio forzoso; el aborto y la esterilización forzados; la mutilación genital femenina, el acoso sexual o por razones de sexo; el proxenetismo; la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

A continuación, un resumen de las medidas más destacadas.

La violencia económica se incluirá como delito de violencia de género en el Código Penal. Esta violencia no se limitará al impago de pensiones, también abarcará conductas como el alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.

Asimismo, se quiere impedir por ley que el pago de las pensiones alimenticias se utilice para modificar el régimen de visitas o para forzar acuerdos en los convenios reguladores, así como evitar que pueda utilizarse el impago como forma de venganza del agresor.

Así se define en el documento: "la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte".

También se tipificarán como delito los supuestos de violencia digital o ciberdelincuencia de género. Se entenderá por violencia digital todo acto violento "cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este".

Se pretende castigar con cárcel a quien recurra a la inteligencia artificial o a sistemas automatizados para crear pornografía falsa no consentida, esto es, sancionar a quienes, sin consentimiento de la persona afectada, difundan o exhiban su imagen corporal o su voz simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.

Prestar asistencia integral a estas víctimas, aprobar una ley para proteger a los menores en el entorno digital o que la protección se amplíe prohibiendo el acceso del agresor a redes sociales, foros y a cualquier espacio digital en el que ellas estén presentes son otras medidas.

También reforzar la obligación de verificación de edad exigida a las páginas de pornografía y medidas legislativas para evitar que plataformas como Only Fans se conviertan en medios de captación para la explotación sexual de mujeres jóvenes.

La protección de la infancia y la adolescencia ocupa un papel importante en el nuevo Pacto. Hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas son reconocidos como víctimas y se solicita que las redes asistenciales les presten ayuda, protección y reparación especializadas, formar a todos los profesionales que tratan con ellos y perfeccionar los sistemas de evaluación de su riesgo.

Se insiste en garantizar su reconocimiento directo como víctimas para evitar que se acuerden o mantengan convivencia o visitas con un padre agresor (y realizar una evaluación profesional paternofilial cuando una madre víctima lo solicite), mejorar protocolos educativos y sanitarios de detección precoz y diseñar mecanismos seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia.

El Pacto exige adaptar todas las políticas y medidas a la diversidad de las mujeres: con discapacidad, migrantes, trans, mayores, jóvenes, del entorno rural, con adicciones, con problemas de salud mental, gitanas,...

Se incide en evitar la victimización secundaria, con trato y espacios amigables para las víctimas y formación para distintos estamentos, entre ellos la judicatura, a la que se le exigirá de forma obligatoria y evaluable formación en igualdad y contra las violencias machistas.

El objetivo, "asegurar la máxima calidad del relato, disminuir el malestar que genera una situación de por sí estresante y evitar prácticas que revictimicen, como poner en duda el relato de la víctima, culpabilizarla o mostrar insensibilidad".

En la violencia en el ámbito de la pareja y la expareja se recomienda suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño, ampliar los criterios de riesgo para la concesión de órdenes de protección, enjuiciar todos los procedimientos relativos a la misma víctima en un único órgano judicial o que se pueda dictar prohibición de aproximación cuando haya un quebrantamiento de pena.

Se solicita un plan estratégico de intervención con las víctimas que no interponen denuncia o desisten del procedimiento, un protocolo de actuación para la prevención y protección en situaciones de catástrofe o emergencia y que los juzgados de familia y primera instancia tengan que consultar antecedentes por violencia de género en procesos que afecten a la infancia.

Otra medida es asegurar recursos habitacionales dignos y suficientes para las mujeres y dispensar asistencia psicológica a agresores machistas que lo soliciten voluntariamente como forma de prevenir la reincidencia.

En el nuevo Pacto se vuelve a pedir una ley integral contra la trata. También desincentivar el consumo de prostitución, promover cambios legales para "combatir la publicidad de prostitución en todas sus formas", luchar contra el proxenetismo, castigar al proxeneta y prestar atención integral a las víctimas.

Asimismo, se pide estudiar la posibilidad de implantar un turno de oficio especializado en trata en todas las autonomías, investigar la situación de las mujeres en contextos de prostitución y garantizar que estas mujeres reciban información sobre violencias machistas y sobre los recursos existentes que faciliten alternativas a su situación vital.

El documento comienza con la afirmación de que "la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos" y establece la obligación de "dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas" dirigidas a combatirlas y a fortalecer la respuesta de las instituciones para hacer frente al negacionismo.

Para ello, exige "asegurar y reforzar una red de servicios especializados de atención para la violencia de género en todas sus formas en cada comunidad autónoma, que garantice la atención en todo el territorio de mujeres y niñas menores de edad víctimas".

Propone reconocer la "violencia de género de segundo orden" y proteger a quienes la sufren. Por ella se entiende la violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a las víctimas, incluidas las profesionales.

Son numerosas las investigaciones que encarga el nuevo Pacto: sobre el comportamiento de los agresores, sobre el impacto que el acceso al porno y a contenidos violentos tiene en el desarrollo afectivo y sexual de la población joven y menor, sobre la relación directa entre la celebración de grandes eventos deportivos y el incremento de casos, sobre trata y explotación sexual, sobre violencia vicaria y violencia contra mujeres y niñas en centros cerrados y segregados.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.