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El Congreso da su visto bueno para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que cuenta con más de 460 medidas con novedades en violencia vicaria o digital y supone un aumento de 500 millones de euros anuales de presupuesto. Vox es la única formación que no lo ha apoyado, tal y como informa en el vídeo Ana Verdejo.
La Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género ultimó el lunes el dictamen, con medidas para combatir los distintos tipos de violencia contra las mujeres.
PSOE, PP y Sumar han respaldado el dictamen, que no cuenta con el apoyo de Vox. Algún grupo parlamentario, como Bildu, aún no tiene decidido el sentido del voto por discrepancias con alguna medida, han informado a EFE fuentes parlamentarias.
Las principales novedades del documento, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra las distintas violencias sobre las mujeres, se centran en la violencia vicaria ejercida contra la infancia, la violencia digital de género y la violencia económica. La trata y la violencia sexual también lo integran.
Asimismo, contiene medidas relativas a la educación, la sensibilización o los medios de comunicación, así como de formación. Fuentes parlamentarias precisan a EFE que la perspectiva de infancia está muy presente en el dictamen y que se han reforzado e impulsado numerosas medidas que tienen que ver con la protección tanto de las mujeres como, específicamente, de sus hijos e hijas menores de edad.
En violencia digital, habrá también una protección destacada de los menores.
Las mismas fuentes apuntan que se incluyen "nuevas miradas" sobre víctimas del mundo rural y víctimas con discapacidad, así como medidas para la atención de las víctimas españolas en el extranjero como de las víctimas migrantes en España.
El nuevo Pacto se vertebra en los mismos diez ejes que articularon el dictamen de 2017: sensibilización y prevención, coordinación institucional, asistencia y protección de víctimas, asistencia y protección de menores, formación, conocimiento científico sobre las violencias, recomendaciones a comunidades autónomas y entidades locales, atención a las violencias fuera de la pareja, compromiso económico y evaluación de las medidas.
La Subcomisión ha diseñado nuevas medidas y también ha revisado y actualizado las que fueron aprobadas en el Pacto de 2017, algunas de las cuales seguirán estando presentes en el nuevo dictamen. Parte de las medidas incorporadas requerirán de reformas legislativas, incluida la modificación del Código Penal.
Una vez cerrado el documento del dictamen, la Subcomisión ha decidido elevarlo a la Comisión.
Se abre ahora un plazo de 72 horas para la presentación de votos particulares que se debatirán, conjuntamente, con el informe final en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Una vez aprobado en Comisión tendrá que ser ratificado por el Pleno de la Cámara Baja. La vigencia de este Pacto será de cinco años, como la del anterior.
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