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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Este anteproyecto amplía derechos y prestaciones, y agiliza los procedimientos.
La reforma aprobada en primera vuelta suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio, y amplía las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y "relacional" (vecinos, amigos).
También elimina el plazo suspensivo máximo de dos años previsto para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que fijó el gobierno del PP en 2012.
La reforma ofrece, además, una pasarela directa para reconocer una discapacidad del 33% a quien se le conceda cualquier grado de dependencia, prohíbe la discriminación por discapacidad en los seguros, y garantiza la accesibilidad universal como derecho.
En el ámbito de la discapacidad, reconoce el derecho de accesibilidad universal y hace efectivos los cambios del artículo 49 de la Constitución y para adaptar la norma a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Además, se simplifican los trámites administrativos en la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por la comunicación de la persona interesada para, entre otras cosas, reforzar el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones, exigiendo a la administración una justificación motivada en caso de que no se respete la elección de la persona.
Se permitirá también que los expedientes de este PIA se puedan tramitar por procedimiento de urgencia en situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA. En ello influirán factores como demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.
El anteproyecto incluye otras medidas destacadas en la Ley de Dependencia como expandir la ayuda a domicilio, que hasta ahora se prestaba solo dentro de las casas, hacia otras tareas del entorno comunitario, como el acompañamiento al médico, a la compra o a actividades del centro de día.
Se amplía también la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que pueda reconocerse cuando el cuidado sea prestado por el entorno relacional (personas allegadas), respondiendo a nuevas situaciones de convivencia o a situaciones de personas que viven solas. Esto dependerá de que se cumplan condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad.
El anteproyecto elimina la restricción que limitaba la asistencia personal (como prestación y aplica también a servicios) a los ámbitos de educación y trabajo, permitiendo que se oriente a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.
Además, reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo y promueve la organización colectiva y participativa de los servicios de ayuda a domicilio, sin ánimo de lucro, para una mejor adaptación a las circunstancias de las personas.
Para promover la autonomía, incorpora recursos de apoyo en la vivienda, como facilitar material como préstamo o cesión temporal (sillas, grúas) para que el dependiente pueda permanecer en su domicilio si lo desea el mayor tiempo posible.
Con el mismo objetivo, se aprueba un servicio de cuidados y apoyos en vivienda mediante dos modalidades: en viviendas donde conviven pocas personas con cuidados integrales o en viviendas dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos. Esta segunda modalidad responde también a modelos de vivienda colaborativa como el cohousing.
También incluye un servicio de asistencia personal orientado a la promoción de la vida independiente, que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias de la persona.
Para fortalecer derechos y promover la autonomía personal, se refuerza el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir qué prestación o servicio desean recibir, respetando sus propias preferencias y voluntad.
De la misma manera, se insiste en que las personas en situación de dependencia tienen derecho a permanecer en el entorno de su elección, por lo que asignación de centros residenciales o viviendas se basará en sus preferencias, garantizando el acceso a la opción deseada y la permanencia en la lista de espera en caso de falta de disponibilidad. En este sentido, se incorpora un nuevo principio centrado en el respeto a la libertad de elección, autodeterminación, voluntad y preferencias de las personas en situación de dependencia. Además, se reconoce el derecho a una atención libre de sujeciones y el derecho a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia.
Se redefine el concepto de actividades de la vida diaria (AVD), aplicándolo de forma transversal a toda la ley. Explican que ya no se limita solo a tareas básicas, como el aseo o la alimentación, sino que incluye también actividades instrumentales y avanzadas, esenciales para que las personas puedan desenvolverse con autonomía en su entorno. Estas actividades abarcan la movilidad dentro y fuera del hogar, la comunicación, las relaciones interpersonales y la gestión de la salud y la economía doméstica.
Por otro lado, se incluye un nuevo artículo que reconoce los derechos de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo el derecho a recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional; a obtener información comprensible y accesible sobre prestaciones y calidad de los servicios; y a disponer de medidas para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.
Para el impulso de la innovación social y del desarrollo tecnológico, se mejora la calidad en el sistema de atención a la dependencia, se fomenta la innovación social y tecnológica, liderado por el IMSERSO, y se podrán crear espacios de exención regulatoria para proyectos piloto.
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