El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido como investigado ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha negado la filtración y ha asegurado que borra el contenido de su móvil cada cierto tiempo por seguridad.

Álvaro García Ortiz ha llegado como fiscal general, después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo acordara este martes, por unanimidad, mantenerlo al frente de la Fiscalía General, al desestimar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su nombramiento.

Ha sido la primera vez que el jefe del Ministerio Público ha declarado como investigado ante un tribunal. García Ortiz ha declarado durante hora y media en la que ha negado la filtración de los correos del abogado de Alberto González Amador.

Según fuentes jurídicas, García Ortiz ha negado también -a preguntas de su defensa- haber facilitado el expediente tributario de González Amador a nadie de la Fiscalía ni de fuera de ella y que tampoco dio instrucciones para hacerlo.

De igual forma, ha manifestado que no tiene constancia alguna de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General o la Fiscalía Provincial de Madrid, ni que se intentara perjudicar a González Amador o se tratara de obstaculizar la conformidad por ser pareja de Díaz Ayuso.

El fiscal general ha explicado, además, que suele borrar contenido del móvil -que ha cambiado seis veces en los últimos años- por seguridad y por ser una obligación legal al tener información sensible.

El investigado solo ha contestado a las preguntas de su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, y del Ministerio Público y se ha negado a contestar al abogado del novio de ayuso, argumentando que omitió en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hechos relevantes para la investigación como, que envió al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo cuya filtración se investiga ahora en el Supremo.

Previamente a la declaración como investigado del jefe del Ministerio Público, el juez había rechazado, como había pedido la Abogacía del Estado, practicar una serie de diligencias, como la citación de González Amador, o la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

La expectación es enorme ante las explicaciones de García Ortiz sobre lo ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía publicó por orden suya una nota informativa para desmentir una noticia de El Mundo del día 13 sobre que el fiscal ofrecía un pacto al letrado de la pareja de Ayuso, a partir de un correo enviado el día 12, cuando luego se demostró que era al contrario. Es decir, que el abogado de González Amador fue quien propuso el acuerdo.

Pero eso no es lo que investiga el juez, que tiene la vista puesta en los correos que el fiscal Julián Saltó se intercambió con el letrado, especialmente el del 2 de febrero en el que el abogado reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021" por parte de González Amador y que fue filtrado a la prensa.

Lo dejó claro en su auto de este lunes cuando dijo que "no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia".

Porque "más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador", para que aparezca en determinados medios y ámbitos que "González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva".

El magistrado que considera que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su "participación preeminente" en los hechos.

Por eso sospecha que "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos".

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