El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen este viernes de nuevo para tratar de cerrar un texto para la distribución de los menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta al resto de España.

Lo hacen en Tenerife y sin convocar a los medios de comunicación para intentar mantener la discreción en las conversaciones, 15 días después de su último encuentro conocido, del que salieron asegurando que se daban 10 días para salvar algunos matices que aún quedaban pendientes y cerrar una propuesta conjunta.

El objetivo es consensuar una fórmula sobre la última idea del Gobierno canario: que el Ejecutivo central apruebe un decreto ley para llevar a cabo un reparto único de unos 4.000 menores desde Canarias y 400 de Ceuta a otros territorios del país con el fin de aliviar sus recursos saturados, que en el caso de las islas atienden en la actualidad a más de 5.600 jóvenes.

En esta iniciativa trabajan Gobierno y Canarias después del fracaso en la negociación con PP y Junts para lograr lo que en realidad demandaba el archipiélago: cambiar la ley de extranjería para fijar un mecanismo permanente de derivación de los niños y adolescentes cuando llegan a zonas sobrepasadas.

Fernando Clavijo ha recabado hasta ahora el apoyo de las comunidades autónomas de País Vasco y Ceuta y ha asegurado que para esta propuesta sí tendría el apoyo de Junts, al no implicar la creación de un mecanismo permanente y tratarse de un reparto puntual, pero la formación catalana no se ha pronunciado aún al respecto.

Este viernes se espera que ambas partes puedan cerrar los últimos flecos acerca del texto, según dijo ayer Clavijo, cuya intención es que esté listo para llevarlo al Congreso la primera semana de febrero.

Los matices a resolver, según han informado fuentes del Ejecutivo canario esta semana a EFE, giran en torno a los criterios de reparto: el Gobierno central aboga por hacer una distribución en base a la población de cada comunidad y las islas defienden incluir algún otro factor corrector.

Que los dos Ejecutivos lleguen a un consenso sobre este asunto es un primer paso en esta nueva vía que persigue Canarias, pero no significa que vaya a salir adelante de forma inmediata.

Como han explicado en varias ocasiones ambas partes, una vez tengan el texto, este deberá pasar por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, que serán los que, a través de sus dictámenes, determinarán si es mejor plantear esta cuestión mediante un decreto ley o una proposición de ley.

Después, será el momento de recabar los apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso de los Diputados -punto en el que fracasó la última tentativa de reformar la ley de extranjería- y para ello ambas partes coinciden en que la clave será el aval de Junts ante una posición del PP que permanece muy alejada en este asunto. 

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