La reforma de la Ley del Poder Judicial que prepara el Gobierno introduce cambios en las oposiciones a jueces y fiscales y da prioridad a la habilidad para relacionar conceptos jurídicos, suprime una prueba oral e introduce otra escrita consistente en un caso práctico, con el objetivo de reducir la necesidad de memorizar y el tiempo de preparación del examen.

Con estos cambios, el Ejecutivo busca adecuar los sistemas de acceso a la carrera judicial y fiscal a las necesidades actuales, tal y como explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"Lo cierto es que el trabajo de los jueces y magistrados de nuestro país es sobre todo escribir y razonar en derecho. Y sin embargo, no hay ninguna prueba en la oposición que valore la habilidad para escribir, para relacionar conceptos jurídicos", señaló.

Así, esta reforma suprimirá una de las dos pruebas orales e introducirá una prueba escrita y anónima consistente en un caso práctico, que permitirá detectar en el aspirante aquellas otras habilidades, más allá de las puramente memorísticas.

El examen consistirá en un test, una prueba oral y una prueba escrita.

Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, estos cambios son positivos porque se pasa de dos ejercicios orales teóricos, recitando tres temas, a uno teórico y otro práctico, escrito, para demostrar no sólo el conocimiento memorístico sino de las instituciones jurídicas que tienen que aplicarse habitualmente en los juzgados.

"Se trata de garantizar que además de capacidad memorística se tiene habilidad argumentativa, se razona jurídicamente y se aplican las instituciones memorizadas en la práctica, evitando que sólo se pondere la memoria", argumenta en declaraciones a EFE.

El Gobierno, además, va a habilitar un centro público de preparación de opositores a los altos puestos de la Administración de Justicia. En concreto, va a convertir el actual Centro de Estudios Jurídicos, que sirve para formar a los fiscales recién ingresados en la carrera, en un centro público de preparación de oposiciones, con delegaciones en cada territorio.

"Vamos a garantizar que haya innumerables lugares a lo largo de toda la geografía de nuestro país, con edificios propios del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y con convenios con otras instituciones, para que cualquier opositor en cualquier provincia pueda tener un centro público de preparación de oposiciones", explicó Bolaños.

Al tiempo, se elaborará un registro público de los jueces y magistrados que actúan como preparadores. "Será una herramienta útil para los distintos opositores, que podrán saber, por provincias, quiénes han pedido la compatibilidad".

El portavoz de JJpD afirma que esto es consecuencia de las exigencias de transparencia que son razonables en cualquier cuerpo del Estado, como la judicatura. "Hasta la fecha el CGPJ exigía declarar que se preparaba a partir de cierto número de opositores y ahora se eleva esa decisión del consejo a norma legal y además para cualquier número de personas a la que se prepare".

Y para garantizar que cualquier persona, con independencia de la renta de su familia, pueda acceder a la carrera judicial, el Gobierno garantizará por ley un sistema de becas público para la preparación del acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, Abogacía del Estado y cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

La cuantía de estas ayudas, a las que podrán acceder los opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias, nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. 

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