El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial, del año 1985, que regula el acceso a la carrera judicial y fiscal. El texto contempla incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores sin recursos y además va a prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales. Una información en vídeo del periodista Miguel Mollà.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo, que se trata de una avance esencial para la modernización del servicio público de la Justicia.

El contenido de este anteproyecto, una propuesta que recoge muchas reivindicaciones de Sumar acordadas con el PSOE, y con el que el Ejecutivo para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.

La prueba de acceso a la carrera judicial incorporará un ejercicio escrito, que será anónimo, en el que se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos. Además de esa prueba habrá, como hasta ahora un examen tipo test y una prueba oral --en este momento había dos pruebas orales--.

También contempla establecer un sistema de becas para opositores de cualquier estrato social por una cuantía equivalente al salario mínimo durante cuatro años.

El Gobierno busca "blindar por ley" el sistema de becas que ya existe, las Becas SERÉ, dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias, estas becas se convocarán anualmente y tendrán una duración de cuatro años con el objetivo de que cualquier opositor pueda acceder a los altos puestos de la Administración de Justicia pueda prepararse con independencia de la renta de su familia. y se habilitarán centros de estudio para que los aspirantes puedan acudir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación.

Además ha señalado que se va a regular la financiación de las asociaciones judiciales profesionales, de modo que se va a excluir fuentes de financiación privada de las mismas.

El anteproyecto regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada, algo que, según Bolaños, "va en la línea de garantizar no solo la imparcialidad, que eso nadie lo pone en duda, sino también la apariencia de imparcialidad" de tales asociaciones.

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