La Fiscalía de Madrid avala en un escrito que se investigue a Alberto González Amador en la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la jueza Inmanulada Iglesias para indagar en si la pareja de Isabel Díaz Ayuso incurrió en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para ocultar unos ingresos con el Grupo Quirón.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal se pronuncia sobre el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado contra el auto por el que se abrió la investigación pararela y solicita que se confirme la resolución al ser ajustada a derecho.

El fiscal detalla que el recurrente pide que "la Sala archive libremente el objeto procesal de la pieza separada, desdeñando, sin realizar indagación alguna, los indicios de delito observados por la instructora a partir de las actuaciones de la Inspección tributaria".

"Y para ello realiza una serie de consideraciones que se refieren fundamentalmente a hechos ajenos al núcleo esencial de las conductas que son objeto de la pieza separada, y que por ello no desvirtúan suficientemente estos indicios de criminalidad", añade.

Le parece "muy llamativo" la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de "una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios".

Recuerda que la acusación popular solicitó "la apertura de pieza separada" ya que a su parecer existían indicios de la existencia delito fiscal agravado, delito de administración desleal y delito de corrupción en los negocios.

En su contestación al recurso, el fiscal recuerda que descartó la existencia de delito de administración desleal porque, como la defensa señala en su primera alegación, tanto Maxwell como Masterman son propiedad en su totalidad del investigado González Amador.

La Fiscalía se opone además a la afirmación de que la investigación sea prospectiva, apuntando que "la defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria".

Insiste el fiscal en que "los indicios de este delito, además, no parten de informaciones más o menos contrastadas, más o menos creíbles, más o menos interesadas". "Parten de lo constatado de forma objetiva por la Inspección tributaria en un procedimiento administrativo contradictorio", recalca.

Así, se refiere a que la Inspección pormenoriza "las características que tenía la sociedad Círculo Belleza SL por la que González Amador pagó a G. C. F. - esposa de F. C. M.- la cantidad de 499.836,92 euros". El objeto social de la misma, según la escritura pública de compraventa de 4 de diciembre de 2020, era la "compraventa, distribución, importación y exportación de productos de droguería, perfumería y cosmética".

"La sociedad Círculo Belleza SL que González Amador compró por medio millón de euros y luego cambió al nombre Masterman 8% Whitaker, en realidad carecía de valor, por lo que la decisión de la Instructora de considerar que su compra en realidad encubría el pago encubierto de una comisión ilícita, y que todo ello conforma un conjunto de indicios bastantes de la existencia de un delito del artículo 286 bis no es desde luego una decisión irrazonable, y en consecuencia, debe ser confirmada", sentencia.

 El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado un acto de conciliación con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, previo a una posible querella por injurias y calumnias en la que reclamará una indemnización de 40.000 euros si no rectifica unas manifestaciones. Los abogados de González Amador continúan así con su ofensiva judicial contra diferentes cargos públicos que se han referido a él como delincuente confeso, y que ha llegado hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado el 12 de febrero a otro acto de conciliación.

Según ha adelantado el Confidencial y confirman a EFE fuentes jurídicas, en esta ocasión el empresario ha presentado una demanda de conciliación en la que busca que la ministra Pilar Alegría se retracte de las manifestaciones que realizó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En su intervención, la portavoz indicó que "el origen del delito está donde está, está en la pareja de la señora Ayuso" y que "hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales", en relación al pacto ofrecido por la defensa de González Amador al fiscal.

Unas palabras en las que los abogados del empresario ven indicios de injurias y calumnias, por lo que han presentado esta demanda de conciliación previa a la presentación de una querella, en la que se plantean solicitar una indemnización de 40.000 euros, según las fuentes.

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