El juez solicita al Tribunal Supremo investigar a Alvise Pérez por presunta financiación ilegal de partidos
El Supremo es el tribunal competente para investigar a Alvise Pérez dada su condición de aforado por ser eurodiputado
El magistrado ofreció a Alvise declarar de forma voluntaria el pasado noviembre, pero el dirigente político no acudió
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado al Tribunal Supremo la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, alias Cryptospain, contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por un delito de financiación ilegal de partidos políticos tras haber recibido supuestamente 100.000 euros para su formación, Se acabó la Fiesta.
El instructor ha redactado una exposición razonada en la que explica que envía la causa relativa a Alvise Pérez al Supremo porque es el tribunal competente para investigarle dada su condición de aforado por ser eurodiputado.
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En su auto, el juez Calama asegura que existen "indicios sólidos" de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo y, por tanto, debe ser el Tribunal Supremo el competente para continuar la instrucción debido al aforamiento que tiene.
Insta a investigar a Álvaro Romillo
El magistrado incluye en su escrito los indicios contra el empresario que pagó los 100.000 euros, Álvaro Romillo, para que también le investigue el Alto Tribunal de forma conjunta con Alvise, al apreciar una "íntima conexión" en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, "la cara y cruz de una misma moneda".
En el caso de Romillo, José Luis Calama considera que podría tratarse de una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales", que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado octubre admitiera a trámite la denuncia. Cuando abrió pieza separada, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 indicó que "los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos".
En aquel momento, el instructor ofreció al eurodiputado que declarase de forma voluntaria el pasado noviembre, pero finalmente el dirigente no acudió.
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