El que fuera súper ministro de Economía del Gobierno de José María Aznar (PP) y presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.

El tribunal de la sección número 7 de la Audiencia madrileña, en una sentencia de más de 1.100 páginas de la que ha sido ponente la propia presidenta Ángela Acevedo, aprecia dilaciones indebidas por el tiempo que ha durado la causa.

El propio Rato se ha acercado a la sede judicial para recoger su sentencia, dado que la notificación era personal y no se le puede sustituir. A la llegada, tras ser preguntado qué espera de esa resolución ha respondido a los periodistas "que lo pasen ustedes bien".

Cabe recordar que en su escrito de acusación, la fiscal anticorrupción Elena Lorente del caso solicitaba más de 70 años de cárcel para Rato por haber defraudado al fisco presuntamente 8,5 millones de euros. Indicaba que el exministro habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, concluyeron que resultaron cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones de euros.

La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 .

Anticorrupción indicaba al respecto que Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente -su fortuna- utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior".

Cabe recordar que en este juicio se ha ventilado para Rato la causa en su totalidad, dado que en 2019 la Audiencia Provincial decidió anular el procesamiento relativo a la pieza en la que se investigaba el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por parte del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Caja Madrid por contratar la publicidad de Bankia por su salida a Bolsa con dos agencias concretas. Por este asunto, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.

La Audiencia ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido 'caso Rato' para convertirlo en un único proceso. Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarían "pronunciamientos contradictorios" que pudieran darse si se juzgaban por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.

Ya en septiembre de 2020, el que fuera vicepresidente de José María Aznar conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que le absolvía por la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad que dirigía en esas fechas.

Previamente a conocer esa absolución, ya fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en prisión, concretamente, en la madrileña de Soto del Real.

Rodrigo Rato ha anunciado este viernes que recurrirá la condena de 4 años y 9 meses de cárcel que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid . Después de haber leído "detenidamente" el fallo y a expensas de leer la totalidad de las más de 1.200 páginas de la sentencia, Rato se ha pronunciado: "Defenderé mis derechos en los correspondientes recursos ante un fallo que me parece injusto y falto de base jurídica".

"Resulta llamativo que se pueda considerar que he cometido delito alguno", ha señalado en un comunicado, recogido por Europa Press, que ha difundido el exministro horas después de que se diera a conocer el fallo. En el comunicado, el exministro repasa la decisión del tribunal y afea que considere que ha cometido un delito contra la Hacienda Pública en el año 2006, "ejercicio que ya estaba prescrito en abril de 2015, cuando comenzó esta causa, que no incluía este ejercicio, y más prescrito aún en el escrito de acusación de 2021".

"Me parece significativo recordar que en el año 2006 yo era director gerente del Fondo Monetario Internacional y residente en Washington DC, como es ampliamente sabido por la opinión pública y quedó documentado durante la vista", añade.

Sobre el segundo delito fiscal, que se refiere al año 2013, por facturar trabajos a través de una sociedad profesional, Rato defiende que dicho trabajos "han quedado plenamente atestiguados".

"Con cierta regularidad conocemos casos de personas profesionales, de todo tipo, que facturan sus servicios a través de sociedades y que nunca son acusados por la vía penal, lo que convertiría este caso en uno singular. Tanto los tribunales como la Agencia Tributaria vienen aplicando esa doctrina de forma reiterada desde hace años", señala.

Respecto al tercer delito fiscal, el relativo al ejercicio de 2014, también por trabajos profesionales facturados a través de una sociedad, el exministro destaca que en ese ejercicio percibió "una remuneración de mercado, similar a la que había recibido personalmente de entidades financieras". "Todo lo argumentado para el año 2013 es de aplicación para el año 2014", añade.

Por su parte, en cuanto al delito de blanqueo de capitales sostiene que está "ampliamente prescrito" y apunta que su base sería el delito fiscal que niega haber cometido. "Si no hay delito fiscal, no puede haber blanqueo", apunta.

Sobre el quinto delito de corrupción entre particulares, recalca que las compañías adjudicatarias del contrato de publicidad han sido absueltas. A su juicio, así "queda atestiguado que el mismo fue beneficioso para la entidad y conforme a derecho". "Resulta llamativo que se pueda considerar que he cometido delito alguno", incide

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