Una asesora de Moncloa declara este viernes como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, dos días después de que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, negase irregularidades en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Una cátedra en la que Gómez ha declarado cualquier irregularidad ante el juez.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha citado como testigo a Cristina Álvarez en el marco de la investigación a Begoña Gómez por presuntos delitos como tráfico de influencias o corrupción en los negocios, que también se dirige contra otros tres imputados.

El nombre de la asesora apareció en correos enviados desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad a un conjunto de personas, entre ellas Álvarez, sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con una plataforma de la cátedra que codirigía Begoña Gómez.

Ese pliego, según se decía desde Gerencia, "debe firmarlo" Begoña Gómez, tal y como la mujer del presidente del Gobierno reiteró el miércoles ante el juez y su abogado señaló anteriormente en un escrito.

En el sumario también obra otro correo enviado por Álvarez, directora de Programas de Presidencia, desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", escribe.

Durante su comparecencia ante el juez el pasado miércoles, Begoña Gómez se desmarcó a preguntas de su abogado de todas las irregularidades que le atribuyen las acusaciones, tanto en su relación profesional con la Universidad, como en su nombramiento como directora del África Center del Instituto de Empresa en 2018.

Aseguró que "nunca se lucró" ni pretendió lucrarse en su vínculo profesional con la Universidad, dado que la cátedra no tenía retribución y por dos másteres cobró 15.000 euros anuales, al tiempo que negó haber intermediado a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en ninguna licitación pública.

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