Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado varias empresas en Zaragoza, Madrid, Toledo y Sevilla vinculadas Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', pero esta actuación estaría relacionada con la causa por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, en la que también estaría implicado, según confirman a Europa Press fuentes de la investigación. Los agentes han detenido a cuatro personas, entre ellas a la mujer que dijo que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

La actuación de los agentes de la UCO, en Calatayud, está vinculada a una empresa relacionada con Luis Alberto Escolano situada en la calle San Miguel de Calatayud.

La actuación de la UCO se está produciendo en Madrid, Sevilla y Toledo y coincide con la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el 'caso Koldo'. Hay registros en empresas de todas esas comunidades, aunque no se precisan si todos son en una empresa de Luis Alberto Escolano, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Estos se encuadran en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga en un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

La UCO ha practicado este lunes registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Zaragoza en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

Los agentes han detenido a Carmen Pano, aunque subrayan que el arresto se enmarca exclusivamente en la investigación sobre hidrocarburos que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin relación por tanto con la presunta entrega de dinero en Ferraz.

También ha sido arrestada la madre y una hija de Carmen Pano en el marco de unas diligencias policiales que dejan un cuarto arrestado, un socio de Aldama que guarda relación con la presunta trama de hidrocarburos, según detallas las citadas fuentes.

El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.

Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga en esta causa --que permanece secreta-- a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

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