El juez que investiga a la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte la "relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa".

En la providencia, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor también ha solicitado que requiera a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid para que aporte los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral en relación a la Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ya sostuvo que los datos bancarios a su nombre que figuran en la causa que se sigue contra ella por delitos de tráfico de influencias entre otros delitos no son correctos y pedía al juez Peinado que anonimice sus números de cuentas para que no sean conocidos por las partes.

En un escrito de alegaciones presentado ante el titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el abogado de Gómez explicaba que en dos de los tomos del sumario aparece la repuesta que dio la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial al requerimiento del juez sobre las cuentas bancarias de Gómez.

Según el abogado, el contenido de esa información era "absolutamente erróneo" tanto en la identificación de las cuentas, ya que aparecen algunas que no son en la actualidad de Gómez, como en los saldos porque "es totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo cero".

Además, la representación de la esposa del presidente se quejaba de que la información solicitada a la plataforma se había volcado en el procedimiento con todos los datos, incluida la numeración de la cuenta de Begoña Gómez, "incumpliendo con ello los principios básicos en materia de protección de datos personales".

Recordaba que el número de cuenta no es un dato que tenga relevancia para la investigación y que por tanto no es necesario que sea conocido por las partes "y en concreto por las acusaciones populares".

La forma en que se están aportando datos al procedimiento, añadía, perjudicaba a la investigada y "viola su derecho a que sus datos personales y reservados no estén en posesión de terceros y en ocasiones publicados por la prensa".

En consecuencia, pedía al juez Peinado que anonimice todos aquellos datos que no sean necesarios para la investigación. 

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